Caracas. – Los activistas y ONG’s defensoras de los Derechos Humanos cuestionaron el hermetismo, bajo el cual se realizó la reciente visita del fiscal de la CPI, Karim Khan, a Venezuela, para reunirse con Nicolás Maduro y representantes del sistema de «justicia» del narco régimen.
Sin anuncio oficial, y apenas con el aviso realizado por el propio fiscal un día antes, Khan sostuvo este pasado jueves una reunión con el fiscal general, Tarek William Saab, en la sede del Ministerio Público, en Caracas.
El encuentro se realizó sin cobertura de la prensa, y de manera privada, algo que llamó la atención de muchos grupos y activistas conectados con la defensa de los Derechos Humanos.
Igualmente, tuvo luego un encuentro con la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, en la sede del ente que esta preside, y con quien ratificó la disposición de cooperar «en la ejecución del memorándum de entendimiento», según una nota de prensa.
Igualmente, conversó con Delcy Rodríguez, y finalmente con Nicolás Maduro, quien solo escribió en su cuenta de Twitter «seguiremos ampliando los mecanismos de trabajo con esta instancia», al respecto del encuentro.
Sin embargo, no hubo detalles de su agenda ni de su presencia en el país.Esto provocó ciertas reacciones. Por ejemplo, Kelvi Zambrano, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, rechazó el hermetismo, y en sus redes publicó: «Le rogamos al Fiscal de la CPI que pueda garantizar un proceso imparcial y que no solamente escuche las apreciaciones del gobierno venezolano, sino de aquellas víctimas que han sido torturadas, víctimas de detenciones arbitrarias durante estos años, dos delitos que forman parte de la categoría de los delitos de lesa humanidad de acuerdo al estatuto de Roma”.
También, la ONG Provea pidió en un comunicado que divulgó en Twitter que las víctimas de violaciones de derechos humanos sean «escuchadas» frente a la «ausencia de justicia».
«Se necesitan investigaciones genuinas», apuntó Provea. «Los Jueces, Fiscal y miembros de la CPI no deben ser víctimas de ataques y estigmatización por parte de las autoridades venezolanas y actores de poder».
