La misión de la ONU que examina la situación de Venezuela ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de sumir al país en un «clima de temor» en el que cualquier puede ser víctima del aparato represor, hasta el punto de que las pruebas acreditan ya un nivel de persecución equivalente a crímenes contra la humanidad.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ha denunciado que el Ejecutivo chavista ha intensificado «dramáticamente» la represión para «aplastar» cualquier atisbo de disidencia, dentro de una escalada que ha alcanzado nuevas cotas a raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que se han saldado con el exilio del principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia.
En el periodo previo a esas elecciones, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas por supuestos complots contra el Gobierno y solo en julio de este año más de 120 personas quedaron bajo custodia en el contexto de la campaña electoral de la oposición.
Tras los comicios, las autoridades efectuaron más de 2.000 detenciones en pocas semanas, lo que derivó a su vez en violaciones del debido proceso y en la confirmación de que todo el sistema judicial, con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la cabeza, «está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social», según el informe.
Venezuela está inmersa «en una de las crisis de Derechos Humanos más graves de la historia reciente», en la medida en que los abusos que están ya documentados, incluidos casos persecución con motivaciones políticas —un tipo de crimen contra la humanidad—, «no son actos aislados o aleatorios» sino que forman parte de «un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir» a la oposición.
La presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, Marta Baliñas, ha denunciado «una intensificación del aparato represivo», pese a los «múltiples» llamamientos lanzados desde dentro de Venezuela y también por parte de la comunidad internacional.
Ya antes de las elecciones, Maduro y otros altos cargos chavistas advirtieron de un posible baño de sangre si no lograban la victoria. Otro de los expertos del grupo, Francisco Cox, ha recordado que la propia misión ya temía que el Gobierno pudiese «activar su aparato represivo» en el contexto electoral. «Y eso es precisamente lo que estamos observando ahora», ha apostillado.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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