Caracas. – En un informe publicado por Amnistía Internacional este martes, se denuncia el empleo de las desapariciones forzadas por parte del narcorégimen chavista «como parte de su política de represión contra la disidencia», advirtiendo simultáneamente que este método represivo es un crimen de lesa humanidad.
El informe, titulado «Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela», analiza la situación de 15 casos documentados desde julio de 2024, con once de ellos aún sin resolver, involucrando a ciudadanos de países como Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
El documento se enfocó en las detenciones del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz; Andrés Martínez (español), Damián Rojas, Danner Barajas (colombiano), Dennis Lepaje, Eduardo Torres (abogado y miembro de Provea), Eudi Andrade, Fabián Buglione (uruguayo), Jorgen Guanares, Jose María Basoa (español), Lucas Hunter (francoestadounidense), Raymar Pérez, Rory Branker (periodista de La Patilla, Rosa Chirinos y Yevhenii Petrovich Trush (ucraniano).
Al respecto, señala que «en todos los casos documentados por Amnistía Internacional, la autoridad no dio información o se negó a reconocer el paradero de la persona detenida. De todos ellos, al menos en dos, la autoridad ni siquiera ha informado sobre la detención, a pesar de que existe información que indica que las personas fueron detenidas por agentes del Estado».
En este sentido, el documento de Amnistía Internacional añade: «De los 15 casos documentados para este informe, la organización ha constatado que en todos ellos se privó a las personas de la protección de la ley. En aquellos casos en los que posteriormente la desaparición forzada cesó, igual, la persona se mantuvo prácticamente indefensa frente a un sistema de justicia supeditado a la maquinaria represiva del Estado».
La investigación precisa que se deben dar tres condiciones, para que un caso sea considerado desaparición forzada: (1) la detención de una persona; (2) por agentes estatales, o personas actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; y (3) la negación oficial de la detención o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona detenida.
Amnistía Internacional reclamó que, ante estos casos, «el mundo no puede permanecer indiferente. La magnitud y gravedad de estas violaciones deben despertar la conciencia internacional y exigir una respuesta contundente por parte de los mecanismos de justicia global. Al tratarse de un crimen que trasciende fronteras, no solo compromete al Estado, sino también a los funcionarios responsables de ejecutarlo».
