Caracas. – Familiares del activista político Carlos Azuaje, denunciaron este martes que fue enviado finalmente a juicio por la justicia chavista, tras un proceso plagado de irregularidades que no respetaron sus garantías.
El reclamo de los allegados de «el Gocho», como le conocen cariñosamente, fue divulgado por varias ONG, y también por defensores de los Derechos Humanos, quienes condenaron las arbitrariedades cometidas contra Azuaje, quien fue secuestrado por la Narcotiranía en diciembre de 2024.
El envío a juicio del activista político, fue ordenado el pasado 9 de julio por la «jueza» de terrorismo Francys Rendel en complicidad con la «fiscal» María Gabriela Hidalgo, ambas del estado Barinas.
Un comunicado difundido este martes por las redes sociales, indica que «la audiencia preliminar se celebró tras más de 200 días de detención, violando flagrantemente el plazo legal de 45 días que establece el debido proceso».
También, en la misiva se reclama que «a Carlos se le sigue negando el derecho a una defensa privada. A su abogado de confianza, Eduardo Torres, no solo se le impidió juramentarse, sino que además fue detenido arbitrariamente hace dos meses. Desde entonces, el defensor público asignado no ha tenido contacto con Carlos. No hay defensa, hay indefensión».
Se trató de una audiencia muy ordinaria, llevada a cabo de manera indigna y a través de una videoconferencia: «De acuerdo con familiares, la jueza, conectada desde Caracas, informó que tenía ‘poco saldo’ y que la videollamada sería solo para ‘verse las caras’; el resto se haría por llamada de voz».
Aseguran que Azuaje no se quedó callado, y decidió denunciar «que el proceso carece de garantías legales, por lo que solo puede considerarse una puesta en escena, similar a ‘una payasada judicial’, y se declaró en estado de indefensión.
Azuaje es conocido por haber apoyado activamente la campaña de María Corina Machado, publicando varios videos sobre los recorridos en los cuales participó.
Según la «jueza» Rendel, «el gocho» habría realizado llamados para una intervención militar extranjera en el país, sobre lo cual no hay evidencias. Con base en este absurdo, fue secuestrado y acusado de «delitos fabricados» como incitación al odio, conspiración y traición a la patria.
