El Gobierno estadounidense ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra cuatro miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) involucrados en casos contra Israel y EE. UU., incluida la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha informado a través de un comunicado de que las personas sancionadas son dos jueces, la canadiense Kimberly Prost y el francés Nicolás Guillou, y dos fiscales adjuntos, la fiyiana Nazhat Shameem Khan y el senegalés Mame Mandiaye Niang.
Rubio ha justificado su decisión alegando que los fiscales han «continuado apoyando acciones ilegítimas del CPI» contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, desde que asumieron la dirección de la Fiscalía del tribunal con sede en La Haya. Además, Guillou ha sido sancionado «por autorizar la emisión de órdenes de arresto» contra Netanyahu y Gallant.
Así, ha indicado que Prost ha sido designada por «autorizar la investigación del CPI contra personal estadounidense en Afganistán», ha subrayado que estas personas participaron en las iniciativas de la mencionada corte para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de EE. UU. o Israel, sin el consentimiento de ninguno de los dos países.
«EE. UU. ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima del CPI. El tribunal representa una amenaza para la seguridad nacional y ha servido como instrumento de una instrumentalización de la justicia contra EE. UU. y nuestro estrecho aliado, Israel», ha dicho.
En este sentido, ha remarcado que «la política del Gobierno estadounidense sigue siendo tomar las medidas que considere necesarias para proteger» a sus tropas, su soberanía y a sus aliados «de las acciones ilegítimas e infundadas del CPI».
Con todo, Rubio ha instado a los países que apoyan al tribunal, «muchos de los cuales obtuvieron su libertad a costa de grandes sacrificios por parte de EE. UU., a que resistan las pretensiones de esta institución en quiebra».
