La Administración de Donald Trump ha impuesto este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su círculo cercano, incluida la primera dama, argumentando vínculos con el narcotráfico, en el marco de las tensiones de los últimos días entre ambos gobiernos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su ‘lista negra’ de antinarcóticos —conocida como lista Clinton— a Petro; a la primera dama, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha declarado que «desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando EE. UU. y envenenando a los estadounidenses».
«Petro ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad», ha indicado en un comunicado.
La oficina de Bessent ha asegurado que Petro ha «otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína».
Según ha dicho, «el comportamiento errático» del mandatario ha distanciado a Bogotá de sus socios, especialmente tras haberse «aliado» con el cartel de los Soles y el «régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro».
En cuanto a su hijo, Washington ha explicado que «es considerado su heredero político» y ha recordado que fue detenido en 2023 bajo acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su padre. Mientras avanza el proceso judicial, Nicolás Petro se encuentra en libertad condicional.
Las autoridades estadounidenses han indicado que Benedetti, que ha ocupado varios altos cargos del Gobierno colombiano, habló en unas grabaciones de audio filtradas en 2023 sobre su participación en la financiación de campaña y la obtención de votos para Petro. Sobre la primera dama, solo menciona que un tribunal anuló la designación «inconstitucional» de Petro para que sirviera como embajadora «en misión especial».
La medida implica que todos sus bienes que se encuentren en EE. UU. quedan bloqueados y deban reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea de su propiedad en un 50% o más también queda bloqueada. También prohíbe las transacciones de ciudadanos estadounidenses o en EE. UU. que involucren bienes o intereses de las personas designadas.
