Caracas. – La Narcotiranía chavista dio comienzo a nueva ola represiva, al ordenar la búsqueda y aprehensión de cualquier ciudadano, que sea señalado por promover o apoyar el reciente ataque armado de los EE. UU. contra el sistema criminal chavista, mediante la oficialización del decreto N° 5.200, mediante el cual se declara el «Estado de Conmoción Exterior» en toda la nación.
El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial con fecha del 3 de enero, cuyo artículo 5°, instruye de manera inmediata a todos los cuerpos policiales a perseguir a quienes consideran aplauden los ataques militares perpetrados ese día por fuerzas estadounidenses.
El citado artículo indica, textualmente: “Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la prestadomoción o apoyo del ataque armado de EE. UU. de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa”.
El decreto había sido preparado y anunciado a fines de septiembre, semanas después del inicio del despliegue naval de EE.UU. en el Caribe, pero se desconocía su contenido, que fue actualizado con los hechos del fin de semana.
Cabe señalar que la medida tiene rango de ley y se prolongará por 90 días, con una posible prórroga por 90 días más, y el texto ordena “la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado”, mientras que el personal de tales servicios o empresas “quedará sometido temporalmente al régimen militar”.
Además, señala que el Ejecutivo podrá “ordenar la requisición de los bienes necesarios para la defensa nacional”, suspender el derecho a reuniones y manifestaciones públicas e incluso ”cualquier otra medida que fuera necesaria para proteger al pueblo”, aunque añade que se tomarán medidas para garantizar derechos a la vida y a la libertad personal, entre otros.
Con esta orden, el país entra en una fase de vigilancia extrema sobre la opinión pública y las actividades de apoyo a la intervención militar. Este despliegue de seguridad forma parte de la estrategia de defensa nacional tras los sucesos del 3 de enero, endureciendo el control interno en respuesta a la crisis internacional.
La medida ha generado una alerta inmediata en la población y organizaciones civiles, ya que otorga facultades de captura masiva a las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional.