Delcy Rodríguez eliminó de «un plumazo» siete misiones y fundaciones emblemáticas del chavismo

Caracas. – Delcy Rodríguez, encargada del narcorégimen chavista, ordenó este pasado fin de semana el cierre de siete entes públicos, entre misiones y fundaciones de la tiranía, de las cuales cuatro fueron creadas por el genocida dictador Nicolás Maduro, ahora en manos de la justicia estadounidense.

La eliminación incluyó programas sociales, fundaciones y un organismo de coordinación de inteligencia y seguridad del Estado. La decisión quedó establecida en el Decreto N.º 5.248, que ordena la supresión y liquidación de entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

De acuerdo con el documento oficial, la medida tiene como objetivo “reorganizar el funcionamiento del Ministerio para el Despacho de la Presidencia”, lo que implica una reducción abrupta de entes que durante años operaron bajo financiamiento público y con escasa o nula rendición de cuentas.

Entre los organismos eliminados figuran la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra; la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE); Propatria 2000; el Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez; y la Fundación José Félix Ribas.

La lista incluye también la eliminación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), un organismo que ejercía funciones de clasificación y censura de información considerada “sensible” para el gobierno.

Cabe señalar que la desaparición del Cesppa es considerada por observadores como el golpe más significativo del decreto, debido a la influencia que acumuló desde su creación como órgano de inteligencia estratégica de alto nivel.

La decisión formaliza una depuración administrativa que borra del organigrama estatal varias fundaciones emblemáticas del chavismo, muchas de ellas asociadas a programas de movilización política y asistencia directa.

En este marco, algunos analistas señalan que el decreto apunta a centralizar el manejo de recursos y estructuras bajo la Presidencia, en un contexto de ajuste fiscal y reconfiguración interna del aparato gubernamental.