Aldama anima a colaborar con la justicia tras permitirle que no entre en prisión pese a la gravedad de su conducta

El empresario Víctor de Aldama ha animado a colaborar con la justicia tras conocerse la suspensión de su pena en el ‘caso mascarillas’ por su colaboración para descubrir la trama, algo que el Tribunal Supremo (TS) ha premiado pero avisándole de que ello «no reduce la gravedad de los delitos cometidos».

«Espero que los que vienen detrás colaboren», ha aseverado Aldama este lunes a los medios de comunicación a su salida del Supremo después de conocer la sentencia, al tiempo que ha agradecido a la justicia y ha asegurado que «la colaboración en este país sirve».

Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, por los delitos de organización criminal y cohecho. Por su parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y tres meses y su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Los magistrados aplican al empresario y conseguidor del ‘caso Koldo’ la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspenden la ejecución de su pena por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos», según la sentencia, aunque lo condicionan, entre otras cosas, a que no vuelva a delinquir.

Acuerdan la suspensión de la pena de cárcel por un plazo de cinco años y que comparezca semestralmente ante el alto tribunal para informar de las actividades laborales, mercantiles o empresariales que desarrolle, justificándose convenientemente, a fin de «comprobar que el condenado observa la norma».

Igualmente, el empresario deberá realizar «trabajos en beneficio de la comunidad durante un año», que, «de manera simbólica, reparen el mal causado a la sociedad española», indican.

El Supremo explica que el beneficio otorgado a Aldama por su colaboración con la justicia «no reduce la gravedad de los delitos cometidos contra los intereses generales ni disculpan, por tanto, de la obligación de establecer un riguroso marco suspensivo de ejecución de las penas impuestas que responda a los fines que justifican la propia suspensión».