OVP denunció fallecimiento de tres presos en cárceles distintas y exigió explicaciones al narcorégimen

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este pasado miércoles la muerte de tres privados de libertad en distintos centros penitenciarios del país, por lo que exigió una rendición de cuentas por parte del narcorégimen interino acerca de estos hechos.

El OVP alertó que los decesos ocurrieron tras complicaciones graves de salud que no recibieron atención médica oportuna, evidenciando el deterioro de las condiciones sanitarias dentro de los penales y el incumplimiento del deber de custodia por parte del Estado.

Uno de los fallecidos fue Anthony José Portillo Gómez, recluido en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito, quien murió el pasado 20 de julio en el Hospital Central Dr. Enrique Tejera tras presentar graves complicaciones de salud asociadas a un cuadro neurológico y enfermedad arterial hipertensiva.

El segundo caso corresponde a Víctor José Salgado, quien se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo IV y falleció en el Hospital Dr. Domingo Luciani por razones de salud.

El tercer fallecido fue Adrián Felipe, privado de libertad en el Centro Penitenciario Fénix Lara. El OVP indicó que murió en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda tras presentar deshidratación severa, hipotensión arterial y síndrome diarreico agudo.

La ONG instó directamente a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a los jueces de ejecución para que ejerzan las atribuciones constitucionales que les exigen supervisar los penales, y aplicar medidas humanitarias antes de que los reclusos lleguen a estados terminales.

Asimismo, la organización exigió la apertura formal de investigaciones para determinar si existieron omisiones, retrasos en la atención médica o negligencia administrativa por parte de las autoridades penitenciarias en estos tres nuevos casos.

Finalmente, el OVP exigió “respuestas, actuaciones verificables y responsabilidades”, porque proteger el derecho a la vida de las personas privadas de libertad “no es una concesión ni un acto de buena voluntad, sino una obligación del Estado”.