Caracas. – La ONG Foro Penal dijo este martes, que el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), llevado a cabo por el ilegítimo parlamento chavista, debe incluir cambios estructurales en el sistema de justicia, lo que incluye la reforma o derogación de leyes, pero, además, debe contemplar el desmontaje del “aparato represivo” en el país.
“De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y sobre de los hombros de las mismas personas”, afirmó Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, durante un encuentro en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), en Caracas.
Himiob afirmó que el sistema de justicia de Venezuela ha sido “sumamente eficiente para que los poderosos persigan a quienes no están de acuerdo con ellos”, pero no así para “atender a las necesidades de la ciudadanía”.
El abogado planteó la necesidad de reconstruir la administración de justicia “desde sus mismas bases” y de conformar un TSJ “integrado por personas en las que la ciudadanía confíe”. También pidió reformar el Código Penal, al que calificó de “anacrónico” y consideró que “no sirve a las necesidades de la población”, además de revisar o derogar leyes que, según señaló, han sido utilizadas para perseguir a sectores disidentes.
Por su parte, Alfredo Romero, presidente de la ONG; subrayó que el sistema judicial en el país «todavía sigue siendo un instrumento de persecución política» y es «parte de la maquinaria represiva».
«Los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, hacerse no solo cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes», afirmó Romero, mientras que Himiob insistió en que el sistema judicial “todavía sigue siendo un instrumento de persecución política” y es “parte de la maquinaria represiva”.
El pronunciamiento de Foro Penal se da en medio de un proceso en el que el Parlamento, controlado por el chavismo, lleva a cabo la selección de 12 miembros de la sociedad civil que integrarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar a los próximos jueces del TSJ.
En septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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