Caracas. – La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) solicitó este miércoles a varios países y organismos, a través de un informe, dar protección internacional a los militares disidentes venezolanos que se encuentren en el exterior.
El documento fue dado a conocer en Miami (Florida), por el presidente y fundador de la organización, José Antonio Colina, quien pidió a gobiernos como Colombia, Chile y EE. UU. evitar deportaciones o devoluciones a Venezuela, sin evaluar antes el alto riesgo de tortura y persecución que podría padecer cada caso.
El texto sostiene que los cambios políticos registrados en Venezuela durante 2026 no implican necesariamente la desaparición de los riesgos de persecución, detención arbitraria o tortura para integrantes y antiguos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana identificados como disidentes.
Igualmente, el informe revela preocupación por los militares que mantienen solicitudes de protección internacional, pendientes de resolución en los tres países. “Los cambios políticos no significan que haya desaparecido la persecución contra los militares venezolanos disidentes. Su vida, libertad e integridad deben ser protegidas”, advierte VEPPEX en su documento.
De hecho, la organización ya ha alertado sobre las graves amenazas que enfrentan los militares disidentes, contra su integridad física si son retornados a territorio venezolano, en línea con reportes de organismos internacionales sobre centros de detención en el país.
Vale la pena recordar el lamentable caso del teniente del Ejército, Ronald Ojeda Moreno, quien fue secuestrado por una célula del Tren de Aragua en Chile, y horas después su cadáver fue localizado enterrado bajo cemento en un galpón.
La justicia chilena, que ya ha condenado a dos implicados en el caso y espera juzgar a otros sospechosos ya detenidos en suelo austral, sostiene que el asesinato de Ojeda fue ordenado por el narcorégimen chavista, y apunta directamente a Diosdado Cabello como el autor intelectual que habría dado la orden.
Por ello, el informe mostrado por Colina también explica, que persisten estructuras de inteligencia y contrainteligencia militar y señaló que determinadas órdenes de captura, investigaciones o acusaciones podrían continuar vigentes pese a las transformaciones políticas ocurridas en el país.
VEPPEX mencionó como factores de riesgo las denuncias sobre torturas y malos tratos durante detenciones, la falta de reformas integrales de los organismos de seguridad y la vulnerabilidad particular de militares señalados por deserción o discrepancias políticas.
No obstante, la organización reconoce en el documento que no todos los militares venezolanos se encuentren bajo el mismo nivel de riesgo, y en consecuencia no pretende solicitar protección automática para todos ellos.
“La seguridad de los militares venezolanos disidentes no puede determinarse exclusivamente a partir de los cambios políticos de 2026”, precisa el texto. Igualmente, subrayó que la condición de militar, la deserción o la disidencia no otorgan automáticamente el estatuto de refugiado, pero sostuvo que tampoco deberían utilizarse para descartar una solicitud sin examinar posibles riesgos de persecución política o tortura.
El documento también fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A la CIDH, solicitó dar seguimiento a los posibles riesgos asociados con la devolución de militares venezolanos disidentes, y considerar el asunto dentro de sus mecanismos de monitoreo.
Mientras, a ACNUR la organización le pidió tomar en consideración los riesgos diferenciados que podrían enfrentar los militares identificados como disidentes, y promover el uso de información actualizada sobre las condiciones existentes en Venezuela.
