Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes, la muerte de dos reclusos bajo custodia del narcoestado chavista, en centros de detención de los estados Táchira y Bolívar, a causa de graves enfermedades que padecían.
Los decesos se registraron los pasados 26 y 27 de octubre, respectivamente. En una publicación en su cuenta de X, el OVP identificó a los fallecidos como Rendy Ramón Ladera Araujo e Ildelfonzo Gil. El segundo caso generó especial preocupación, debido a que su defensa había solicitado reiteradamente una medida humanitaria de arresto domiciliario, pero la boleta que la acordaba apareció fechada el mismo día de su muerte.
«Ambos casos plantean serios interrogantes sobre la atención médica y las decisiones de las autoridades responsables de garantizar la vida de quienes permanecen bajo custodia del Estado», afirmó la organización en un comunicado publicado en su página web.
Ladera Araujo falleció el 26 de octubre en el Hospital Central de San Cristóbal. Estaba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I, conocido como la cárcel de Santa Ana, estado Táchira, y, según la información recibida por el OVP padecía leucemia.
Mientras, Gil falleció la mañana del 27 octubre en los calabozos policiales de Guaiparo, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, mientras padecía cáncer avanzado en el rostro.
Este recluso permanecía detenido preventivamente, sin haber sido condenado. Su abogado defensor había solicitado en reiteradas oportunidades al Tribunal de Violencia contra la Mujer de Puerto Ordaz una medida humanitaria de arresto domiciliario, debido a la gravedad de su enfermedad.
“Un médico había advertido que le quedaban pocos meses de vida, por lo que su defensa y los familiares realizaron diligencias para que pudiera pasar ese tiempo junto a su familia. Sin embargo, según la denuncia recibida, el tribunal negó la medida en tres oportunidades”, denunció la ONG.
También, el OVP reiteró sus denuncias sobre el hacinamiento carcelario y las condiciones sanitarias en las que se encuentran las cárceles del país. «Este caso ocurre en unos calabozos donde permanecen aproximadamente 850 detenidos, pese a que originalmente fueron concebidos para un máximo de 100 personas. Posteriormente se incorporaron espacios de una prefectura contigua para ampliar su capacidad, pero el hacinamiento continúa siendo crítico», criticó la organización.
