Caracas. – Trabajadores de las empresas básicas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) denunciaron este viernes la irrupción y el amedrentamiento por parte de integrantes de colectivos chavistas, durante la manifestación denominada «El Guayanazo», que se lleva a cabo desde este pasado jueves en Puerto Ordaz, estado Bolívar.
«Llegamos acá y nos encontramos a un poco de personas disfrazadas de trabajadores para confrontar», alertó Ramón Gómez, secretario general del Sindicato de Profesionales y Técnicos de la CVG, sobre el escenario que se vivió el jueves cuando iniciaron «El Guayanazo».
El dirigente aseguró que se mantendrán en la protesta y realizó un llamado a todos los trabajadores a sumarse. El incidente se registra tras completarse 23 días consecutivos de vigilia y parálisis operativa en las siderúrgicas y mineras del estado Bolívar, en reclamo del pago integral del bono de fin de año.
El sindicato de la CVG precisó que grupos de sujetos desconocidos a bordo de motocicletas se presentaron en puntos clave de concentración, como el elevado de Alcasa y el puente Caroní, con la presunta intención de generar focos de violencia, confrontación y sabotear las protestas legítimas.
Durante la tranca se vivieron momentos de tensión, dada la premura de motorizados y usuarios de cruzar; sin embargo, la llegada de los desconocidos en motos provocó que los trabajadores denunciaran la presunta presencia de colectivos, quienes intentaron generar focos de violencia.
“Nosotros no estamos ahí para agredir a nadie. Hoy amenazaron con que iban a mandarnos a los colectivos (…), nosotros estamos preparados. Aquí la gente está arrecha, estamos defendiendo a nuestra familia. Las amenazas se acabaron”, alegó Henry Arias, dirigente sindical de CVG Alcasa.
Hay que señalar que, en redes sociales, autoridades de la CVG insisten en que las empresas están activas con videos, declaraciones de trabajadores y fotografías de las áreas. Están listos para registrar y documentar cualquier acto de violencia, que pueda ser generado por parte de estos afectos al narcorégimen chavista.
El recrudecimiento del conflicto social responde a la falta de avances en las mesas de negociación con la junta interventora encabezada por Héctor Silva.
La representación sindical rechazó el ofrecimiento patronal de una bonificación de 1.200 dólares, exigiendo la cancelación de los USD$ 2.000 pactados inicialmente para la totalidad de la nómina de trabajadores activos, jubilados y pensionados de las empresas filiales.
Ante el colapso de las conversaciones, los manifestantes aplicaron desde las primeras horas de la madrugada del jueves cierres masivos de tránsito en puntos neurálgicos de la zona industrial.
