La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles que las autoridades de Corea del Norte han castigado durante décadas el consumo de programas de televisión surcoreanos con humillaciones públicas, trabajos forzados e incluso ejecuciones, penas que se han impuesto con mayor frecuencia a quienes no han podido pagar sobornos para eludirlas.
Amnistía ha llevado a cabo 25 entrevistas con personas que han escapado de Corea del Norte entre 2012 y 2020, recabando testimonios sobre castigos extremos —como humillaciones públicas, años en campos de trabajo e incluso ejecuciones— impuestos por ver programas de televisión de Corea del Sur, una conducta extendida en la población, según varios testimonios, pero que viola leyes de cultura que prohíben los medios de comunicación extranjeros, según ha indicado la ONG.
«Las autoridades penalizan el acceso a la información violando el Derecho Internacional y después permiten que los funcionarios se aprovechen de quienes temen el castigo. Se trata de represión sumada a corrupción, que perjudica sobre todo a quienes no poseen riquezas o conexiones», ha denunciado la directora adjunta de Amnistía Internacional para la región, Sarah Brooks.
La introducción de la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios de 2020, que, ha recordado AI, define los contenidos de Corea del Sur como «ideología podrida que paraliza el sentido revolucionario del pueblo», permite que persistan estos severos castigos. La nueva ley dispone entre cinco y 15 años de trabajo forzoso por ver o poseer series, películas o música de Corea del Sur, y prescribe duras condenas, incluida la pena de muerte, por la distribución de «grandes cantidades» de estos contenidos o por organizar proyecciones en grupo.
En este contexto, varios de los entrevistados por la organización han apuntado a la posibilidad de eludir las sanciones más graves si se podía pagar. «Se captura a la gente por el mismo acto, pero el castigo depende totalmente del dinero», ha explicado Choi Suvin, de 39 años, que salió de Corea del Norte en 2019. «La gente que no tiene dinero vende sus casas para reunir 5.000 ó 10.000 dólares (4.200 ó 8.500 euros) con los que pagar para salir de los campos de reeducación». Amnistía ha señalado que esas cifras pueden suponer los ingresos de varios años para la mayoría de las familias de Corea del Norte, por lo que sólo están al alcance de las más ricas.
La ONG ha criticado que «la aplicación arbitraria y discriminatoria de las leyes es sistemática». «Funcionarios que muy probablemente también consumen medios de comunicación surcoreanos detienen y enjuician a otras personas por una conducta idéntica», ha agregado, replicando las palabras de una persona entrevistada, que ha asegurado que «las personas trabajadoras lo ven abiertamente, los funcionarios del partido lo ven orgullosos, los agentes de seguridad lo ven en secreto, y la Policía lo ve de manera segura». «Todo el mundo sabe que todo el mundo lo ve, incluso quienes llevan a cabo las operaciones represivas», ha añadido.
Con todo, AI ha apuntado a un posible cambio en lo que ha calificado como el «sistema de sobornos», aludiendo a las palabras de Kim Gayoung, de 32 años, que salió de Corea del Norte en junio de 2020 y que ha explicado a la organización humanitaria que el líder norcoreano, Kim Jong Un, comenzó a ordenar campañas de «represión intensiva» a finales de la década de 2010, presionando a los funcionarios norcoreanos para demostrar resultados en la aplicación de la ley y reduciendo así la eficacia de los sobornos.
«Estos testimonios muestran cómo Corea del Norte está aplicando leyes distópicas que significan que ver un programa de televisión de Corea del Sur puede costar la vida, salvo que se pueda pagar», ha subrayado Brooks.
