De Derecha Diario
Tras la ligera desaceleración de noviembre, se espera un nuevo rebrote inflacionario para el último mes del año. Mientras la inflación alcanza el nivel más extremo en 30 años, la actividad real dejó de crecer desde septiembre y se proyecta una recesión que se prolongará para 2023.
La economía argentina llega a fin de año protagonizando un escenario típico de estanflación, conjugando estancamiento de la actividad económica y elevados niveles de inflación. Las principales consultoras privadas del país sugieren que esta situación se profundizará durante el primer trimestre del año próximo.
El anuncio del INDEC acerca de la evolución de los precios minoristas en noviembre sorprendió a la mayoría de los pronósticos, ya que el aumento registrado fue del 4,9% mientras se esperaba una suba en torno al 6,1%. Pero pese a una desaceleración puntual, en lo que va del año la mayor parte de los datos de inflación observados superaron a las estimaciones en un promedio del 1%.
Se espera que la inflación vuelva a situarse por entre el 5% y el 6% de aumento mensual en diciembre, y bajo este pronóstico la variación interanual de los precios al consumidor se mandendría ligeramente por debajo del 100%. La economía opera en los niveles de inflación más extremos desde octubre de 1991.
En este sentido, la consultora LCG proyecta una aceleración inflacionaria para el mes de diciembre debido al aumento señalado en algunos precios regulados (como transporte y servicios de medicina prepaga), así como precios con aumentos estacionales. Se descarta de plano una inflación de 3 dígitos para diciembre, pero la consultora señaló que este hecho parece inevitable para los próximos meses del 2023.
Para EcoGo la inflación de diciembre se acercará al 5% con respecto al mes anterior, nuevamente sugiriendo un gran efecto por productos con pautas de aumento reguladas y bienes estacionales.
Al mismo tiempo, el INDEC confirmó que la actividad económica mensual medida por el índice EMAE dejó de crecer a partir del mes de septiembre. El fin del crecimiento y el amesetamiento de la economía llegó más tarde de lo que esperaban las consultoras, pero finalmente terminó observándose lo que parecía inevitable: el escenario de estanflación más adverso desde la década de 1980.
Las ventas minoristas en términos reales, la inversión y la actividad mensual de la industria manufacturera también dejaron de crecer entre junio y octubre. De hecho, la actividad fabril acumuló un derrumbe del 1,5% desde el mes de julio.
El equipo del ministro Sergio Massa aplicó una suerte de “torniquete” a la economía, apostando por los controles de precios, la represión financiera, la represión cambiaria y la represión al comercio exterior. Como señala el viceministro Gabriel Rubinstein, el oficialismo no tiene la credibilidad suficiente como para llevar a cabo ningún plan de estabilización, y bajo esta situación se evitará cualquier salto discrecional sobre el tipo de cambio oficial para evitar un “efecto rodrigazo”.
Las medidas de represión provocaron un efecto atenuante y de muy corto plazo sobre los precios, al mismo tiempo en que la postergación de la devaluación también postergó un estallido inflacionario mayúsculo. Pero el costo de estas medidas fue la introducción de efectos recesivos sobre la actividad, que debió lidiar con la disminución de la importación de insumos y la escasez de bienes indispensables para la producción.
En otras palabras, el Gobierno apostó por generar una “recesión controlada” a fin de postergar la devaluación por el mayor tiempo posible, un problema que tarde o temprano terminará por afrontarse. Se renunció a cualquier posibilidad de aplicar un plan de estabilización, y se optó por generar mecanismos para administrar la estanflación.
