De Derecha Diario
El déficit de las empresas del Estado sigue creciendo y se perfila como una nueva amenaza para el equilibrio de las cuentas públicas. El déficit operativo total que debió cubrir el Estado en los últimos 12 meses alcanzó un monto por US$ 3.376 millones.
La trayectoria alcista de los desequilibrios se torna especialmente preocupante. En los primeros 10 meses de 2019 el déficit de las empresas públicas llegó al 0,3% del PBI.
En el mismo período de 2020 el resultado deficitario llegó al 0,5% y finalmente hasta octubre de 2021 el déficit llegó al 0,7%, lo que equivaldría al 20% de todo el déficit primario esperado para fin de año. El Gobierno sigue sin ofrecer ningún tipo de medida correctiva.
Los desequilibrios se concentran principalmente en Aysa, Aerolíneas Argentinas, IEASA, Cammesa y Correo Argentino. La herencia de las estatizaciones no solamente generó importantes pérdidas por juicios internacionales, sino que implica un fuerte desequilibrio corriente con el cual se deberá lidiar de forma indefinida.
Considerando el déficit en dólares, prácticamente toda la corrección financiera entre 2018 y 2019 fue violentamente revertida entre 2020 y lo que va del 2021. Las “gestiones racionales” de las empresas públicas no lograron nunca suprimir su desequilibrio, y tampoco pudieron marcar un precedente capaz de trascender a través de las administraciones de destino signo político.
La falta de privatizaciones y liquidaciones generó una enorme inestabilidad sobre el déficit de largo plazo. No existe ningún mecanismo por el cuál se garantice una cierta estabilidad en las cuentas de las empresas del Estado, incluso a pesar de las mejoras en eficiencia y transparencia producidas en la gestión anterior.
Inicialmente, y según el Presupuesto presentado por Guzmán para este año, el déficit operativo de las empresas públicas debió alcanzar los $ 460.923 millones, pero en pleno año electoral el Gobierno expandió fuertemente las partidas presupuestarias y ahora consumirán cerca de $ 700.000 millones. Esto representa un verdadero despilfarro de recursos en medio de la peor crisis económica y social de los últimos años.
Si se suman la totalidad de los costos para cubrir los diferentes subsidios económicos a empresas privadas de servicios públicos, el Estado debió desembolsar 16.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. El congelamiento de las tarifas públicas desequilibró las finanzas del Estado.
Cabe destacar que estas pérdidas siderales se producen al mismo tiempo en que el Gobierno restringe la compra de dólares y sigue estrangulando el mercado cambiario mediante el cepo.
