De Derecha Diario
El gobierno australiano ha aprobado de manera fugaz un proyecto de ley en el Parlamento en tan solo 24 horas, que faculta a la Policía a exigirle los datos personales de los usuarios de cualquier empresa que opere en Internet, de personas sospechadas de estar cometiendo un crimen.
Si bien uno puede pensar que el objetivo de esta ley es reducir la inseguridad y facilitar las investigaciones policiales, la medida tiene como máximo objetivo censurar el contenido en redes sociales que “divulgue información falsa” sobre la pandemia, algo que está tipificado como un delito en Australia.
A través de esta nueva ley, la Policía podrá modificar o eliminar datos, tomar el control de las cuentas de las redes sociales y recopilar la actividad de la red en la medida en que lo consideren necesario para continuar con sus investigaciones.
Estos nuevos poderes policiales fueron vendidos como una “necesidad” para “ponerse al día” en la capacidad de luchar contra el crimen en línea, pero el objetivo represivo de la libertad de expresión en Internet es claro.
La senadora Lidia Thorpe llamó al proyecto de ley un “abuso de poder cibernético”, y aseguró que es el único país del primer mundo con una ley así. “El proyecto de ley no identifica ni explica por qué estos poderes son necesarios y nuestros aliados en los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda no otorgan estos derechos a las fuerzas del orden“, escribió en una publicación de su blog.
Titulado “Proyecto de Ley 2021 de Enmienda de la Legislación de Vigilancia (Identificar y Desarticular)“, la legislación otorga a la policía el poder de obtener tres nuevas órdenes:
- Órdenes de interrupción de datos: esto permite a la policía modificar o eliminar por completo los datos en línea de un “sospechoso”;
- Órdenes de limitación de actividad en la red: la policía puede obtener información almacenada en las computadoras de un sospechoso, junto con las redes sociales del sospechoso y los usuarios vinculados al individuo;
- Órdenes de toma de posesión de cuenta: la policía puede tomar el control de las redes sociales y las cuentas en línea de un sospechoso.
Para obtener estas órdenes judiciales, no es necesario que la policía busque la autoridad de un juez. En cambio, la policía simplemente tiene que solicitarlos al Tribunal Administrativo de Apelaciones, un órgano de revisión dentro del gobierno que revisa de forma independiente las decisiones tomadas por los funcionarios. Esto hará que sea mucho más fácil obtener órdenes judiciales para la recopilación o modificación de datos sin justificación ante un juez.
La ley fue impulsada por el gobierno del conservador Scott Morrison, quien desde que comenzó la pandemia ha implementado medidas de extrema izquierda autoritaria. Lamentablemente para estas medidas no hay oposición en Australia, ya que los laboristas, el partido de oposición, también apoyaron este proyecto de ley, afirmando.
El proyecto de ley entrará en vigor una vez que haya recibido el Asentimiento Real, generalmente entre 5 y 10 días hábiles después de su aprobación. Estará en vigor durante cinco años, después de lo cual se realizará una revisión.
