El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha salido al paso de la polémica surgida en torno a los fallidos esfuerzos del Gobierno de comprar la casa del exmandatario Salvador Allende, situada en la comuna de Providencia.
«En Chile las instituciones funcionan, acá —que no les quepa duda, y esto quiero decirlo de manera muy clara— nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado. Yo eso jamás lo permitiría», aseguró este sábado Boric en rueda de prensa, durante su histórica visita al Polo Sur,.
El mandatario chileno explicó que, tras «detectarse justamente una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad» de la vivienda, «se decidió detener la compra hasta que ese problema sea eventualmente solucionado».
En este marco, aclaró que, en el caso de que dicha incompatibilidad inmobiliaria no se solucione, el Gobierno no podrá proceder con la adquisición.
Cabe recordar que, el pasado 20 de diciembre, el Ministerio de Bienes Nacionales de Chile formalizó su intención de comprar la residencia de dos pisos conocida como La Moneda chica, donde Allende vivía con su familia, «con el objetivo de preservar el patrimonio histórico».
Sin embargo, el acto causó mucha controversia y quejas, tanto dentro del gobierno como en la población, pues la casa pertenece actualmente a dos de los nietos de Allende —Alejandro Fernández Allende y Maya Fernández Allende, actual ministra de Defensa—, así como a las hijas del expresidente, Isabel Allende Bussi y Carmen Paz Allende Bussi.
También, una de las copropietarias de la vivienda, Maya Fernández, ocupa un cargo de ministra, lo cual llevó a la oposición chilena a cuestionar las intenciones del Gobierno de adquirirla, desatando una polémica sobre un eventual paso que iría en contra de la legislación vigente del país, ya que ña reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política de Chile establece que «durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado».
