Caracas. – La llamada «Masacre del Junquito», caso en el cual siete venezolanos, incluyendo al entonces inspector del CICPC, Óscar Pérez, fueron masacrados a tiros y ajusticiados de manera extraoficial, fue presentado este pasado martes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un documento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe muestra lo que está clasificado por la CIDH como el caso 14.178, con respecto a las denuncias analizadas en Venezuela.
El texto detalla los hechos ocurridos en enero de 2018, cuando más de 500 efectivos de distintos cuerpos policiales y militares, apoyados por tanquetas y armas antitanque, así como helicópteros, se ensañaron contra una vivienda abandonada que era utilizada por Pérez y su grupo como guarida momentánea.
También precisa que, a pesar de los intentos de rendición por parte de las víctimas —tal y como lo muestran diversos videos grabados por Pérez— y manifestar su disposición para iniciar una negociación, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado, llevando a que todos perdieron la vida.
Las autopsias y fotos publicadas en medios indicaron ejecuciones con «tiros de gracia». Posteriormente, familiares enfrentaron intimidaciones y el Estado no les permitió realizar un funeral adecuado.
La CIDH explica que Pérez, agente activo del CICPC, fue considerado crítico al gobierno tras emitir declaraciones en contra de Nicolás Maduro y ser cofundador del Movimiento Equilibrio Nacional.
A mediados de diciembre de 2017, el grupo del fallecido funcionario ingresó a un cuartel de la GNB en San Pedro de Los Altos, a las afueras de Caracas, donde se llevaron varios fusiles y pistolas. Luego, Pérez publicó un video de lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter, en el que manifestó que había realizado “la Operación Génesis”.
El mismo día, el Presidente ordenó el uso de la fuerza contra el grupo, a quienes describió como terroristas. En el informe de fondo, la CIDH concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado fue incompatible con las obligaciones internacionales, y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad, ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas.
Cabe resaltar que entre las siete víctimas figuró una mujer embarazada. La Comisión señaló que las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal.
En cuanto a las garantías judiciales, la Comisión observó, entre otros elementos, la falta de documentación sobre la apertura de una investigación, junto con la demolición del lugar de los hechos y la ausencia de preservación de evidencia.
