Por Leroy Garret.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. dejó claro, con la emisión de la Licencia General 5V el pasado 19 de marzo de 2026, que la venta de Citgo a Amber Energy es inevitable. El documento oficial, firmado por el director Bradley T. Smith, no deja espacio para interpretaciones: la operación de USD$ 5.900 millones avanza protegida y blindada.
Alcance preciso de la Licencia General 5V
La GL 5V es estrecha, temporal y quirúrgica. Según su texto literal:
• A partir del 5 de mayo de 2026 autoriza “todas las transacciones relacionadas, la provisión de financiamiento y otras operaciones” con el Bono PDVSA 2020 al 8,5 % (el garantizado precisamente con las acciones de Citgo).
• Hasta esa fecha, queda prohibida cualquier ejecución de gravámenes, embargos o toma de garantía sobre las acciones de Citgo por parte de los tenedores del bono.
• No desbloquea bienes de manera general, no permite nueva deuda y mantiene vigentes todas las demás sanciones.
En lenguaje claro: la licencia anula temporalmente la capacidad de los bonistas de utilizar el bono como colateral para embargar Citgo. Es un “paralizador” que impide cualquier intento de ejecución mientras la Corte Federal de Delaware (caso 1:17-mc-00151) y Amber Energy cierran la transacción con título limpio.
La estrategia transaccional de la administración Trump
Esta medida refleja el enfoque pragmático y comercial del presidente Donald Trump: estabilizar el activo más valioso de Venezuela en territorio estadounidense, garantizar el flujo de petróleo y mantener los ingresos bajo control de cuentas del Tesoro (GL 52). La venta se completa primero; luego los bonistas podrán negociar libremente su papel. El resultado es una operación limpia que evita el caos que algunos actores buscaban generar.
El bloqueo definitivo a la privatización no declarada
Aquí radica el golpe más duro para la oposición colaboracionista y sus aliados del régimen. Su principal estrategia en los litigios de la venta de Citgo era precisamente utilizar el embargo del Bono 2020 como palanca para forzar una privatización disfrazada. El plan era claro: permitir que los tenedores del bono (en los que se sospecha una peligrosa mezcla de intereses del chavismo y de sectores de la oposición) ejecutaran su garantía y se quedaran, de facto, con Citgo. Una transferencia de propiedad no declarada que habría beneficiado a la boli-burguesía —esa élite transnacional que opera a ambos lados del espectro político— y que habría significado la pérdida definitiva del activo para la nación venezolana y para sus 23.000 trabajadores purgados.
La GL 5V desmonta esa estrategia por completo. Al bloquear la ejecución del colateral durante la fase crítica de la venta, OFAC elimina la herramienta que los colaboracionistas y sus socios necesitaban para consumar el despojo encubierto. La venta se hará a Amber Energy bajo las reglas del tribunal estadounidense, no bajo los términos opacos que pretendían imponer.
La ventana histórica para el QSF y las reparaciones reales
Pero la licencia no solo frustra una maniobra oscura: abre una oportunidad concreta para la justicia. Al eliminar el riesgo inmediato de embargo, crea el espacio necesario para que, antes de cualquier distribución final, se reserve un porcentaje justo (5 % o más) de los fondos de la operación o de las cuentas GL 52 en un Fondo Fiduciario de Liquidación Calificado (Qualified Settlement Fund – QSF).
Ese QSF es el mecanismo que permitirá entregar indemnizaciones directas, pensiones dignas y asistencia real a los 23.000 supervivientes del Holocausto Petrolero. Después de 23 años de exclusión, esta es la reparación tangible y prioritaria que corresponde a las verdaderas víctimas de la purga petrolera.
Es momento de actuar
Citgo: la venta es inevitable.
La privatización no declarada en favor de la boli-burguesía ha sido bloqueada.
Ahora corresponde a las autoridades de transición, al Departamento del Tesoro y a la Corte de Delaware asegurar que los recursos generados por esta operación sirvan, primero, para reparar a quienes realmente perdieron todo.
Los 23.000 trabajadores purgados no pueden seguir siendo los eternos excluidos. El Fondo QSF es la vía. El momento es ahora.
