Caracas. – Bajo una serie de «lagunas» y «vacíos legales», además de no ofrecer las garantías que se esperan de un reglamento de su nivel, este pasado jueves la ilegítima AN chavista aprobó este pasado jueves la esperada ley de amnistía, que no logra convencer a muchos expertos.
Según abogados, juristas, defensores de los derechos humanos y actores políticos, el texto aprobado no cumple los parámetros de una amnistía, puesto que contiene vacíos y mantiene condiciones a los beneficiados, que no se corresponden con los de una reconciliación, una maniobra que se materializó con la incorporación de un nuevo artículo.
Por ejemplo, Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, aseveró que “la amnistía es un instrumento muy pequeño, con muchas restricciones” y no se podrá alcanzar la reconciliación y la reunificación del país “sin que como condición previa se liberen todos los presos políticos”.
Según cifras del Foro Penal, en Venezuela “hay más de 11.000 personas con medidas restrictivas a su libertad que estuvieron encarceladas” y son numerosos los mayores de 70 años presos pese a que la legislación contempla medidas sustitutivas de libertad basadas en el principio humanitario.
Los activistas advirtieron también que el futuro de muchos de los potenciales beneficiarios de la amnistía está “todavía amenazado por la persecución política” como consecuencia de que la ley está sujeta a “una discrecionalidad excesiva”.
Una jugada de última hora que tomó a muchos por sorpresa fue la incorporación de un nuevo artículo 16 —el proyecto aprobado en primera discusión tenía 15 artículos—, el cual establece que quienes «reincidan» después de la entrada en vigencia de esta ley serán procesados conforme a la legislación ordinaria, lo que para muchos representa una extorsión.
Para los expertos, en el mejor de los casos puede hablarse de una falsa Ley de Amnistía, la aprobada este jueves para su sanción definitiva y promulgación.
Al respecto, la doctora Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla, realizó la siguiente crítica en su cuenta de X:
La norma se aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos.La nueva ley excluye a los condenados por homicidio, tráfico de drogas, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.
Se incluyó a los detenidos durante los mandatos de Chávez (1999-2013) y Maduro (2013-2026) en 12 momentos específicos, lo que deja por fuera a cientos de detenidos.
Organizaciones locales e internacionales como Human Rights Watch han denunciado desde hace años la falta de independencia judicial en Venezuela, y expertos en la materia advierten que esto se podría estar reflejando en la aprobación de esta nueva ley, por los alcances condiciones que presenta.
