Conferencia Episcopal Venezolana advierte que crisis en Venezuela no ha sido superada

Caracas. – La CXXIII Asamblea Ordinaria Plenaria celebrada esta semana por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), culminó este sábado con la conclusión de que la crisis en Venezuela aún persiste y no ha sido todavía superada, como algunos actores políticos y organismos pretenden hacer creer.

Entre las conclusiones a las que llegaron los obispos y arzobispos que tomaron parte en esta asamblea, en un comunicado resaltaron que «ante la realidad que vivimos resulta engañoso afirmar que la crisis que ha sufrido nuestro país en los últimos tiempos se ha superado; que la situación se ha normalizado y que podemos avanzar hacia situaciones más promisorias utilizando las mismas estrategias y acciones usadas hasta ahora».

También, en este sentido, señalaron que resolver parte de los problemas del país pasa porque sean revelados —y aceptados— los resultados electorales de 2024, según los cuales los venezolanos exigieron un cambio radical.

«Uno de los mayores anhelos del pueblo venezolano es reconocernos como partícipes de un mismo destino, vivir en paz y libertad. Consideramos que esto no será posible mientras no se resuelva la crisis política que hoy vive nuestro país, debido a la falta de publicación detallada de los resultados y los eventos ocurridos después de las elecciones del pasado 28 de julio», señaló el texto.

Cabe recordar que, ya al inicio de la asamblea, que comenzó a celebrarse desde el pasado martes, la CEV había advertido que el país, se había convertido, a partir del 10 de enero de este año, de «una autocracia hegemónica a una autocracia cerrada», advirtiendo que serían discutidos una serie de escenarios que afectan a la población, y los cuales son producto del robo electoral consumado a principios de este año.

Otra de las observaciones realizadas por los clérigos fue pedir a los fieles a prestar atención a la dramática situación de pobreza en la que viven, por los bajos ingresos económicos, la precariedad de los servicios públicos, educativos y de salud, y la inseguridad jurídica.