La Fiscalía de la Corte Penal Internacional dirigida por Fatou Bensouda, emitió un informe en el cual asegura que de manera deliberada los organismos de seguridad han cometido crímenes de lesa humanidad desde, por lo menos, el año 2017.
En el informe se destaca el uso de torturas, la privación ilegal de libertad, violación y otros crímenes cometidos por civiles y organismos de seguridad del estado. Se señala de manera directa a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
También se menciona a los colectivos como promotores de estos crímenes, y se les coloca bajo la categoría de “civiles” afectos al régimen de Nicolás Maduro.
Esta decisión por parte de la CPI se esperaba debido a las innumerables pruebas y denuncias que se han hecho en contra de la tiranía venezolana. Indudablemente, esta decisión limita aún más la movilidad de los miembros del régimen venezolano a nivel internacional y es un paso extra en la batalla a nivel global que se debe realizar en su contra.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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