Caracas. – Un intento de intervención por parte de la Narcotiranía enfrenta la Cruz Roja Venezolana, según lo advirtió el presidente del organismo en Venezuela, Mario Villarroel.
El plan para tomar las riendas del organismo inició la semana pasada, cuando el fiscal chavista, Tarek William Saab, anunció la designación de una fiscalía para investigar los presuntos maltratos, de los que sería objeto voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja, por parte de Villarroel.
También, Diosdado Cabello, uno de los jerarcas del narcorégimen, dijo haber recibido denuncias de «actividad mafiosa” y vínculos de Villarroel Lander con un exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«Desató una persecución para acosar a todos los trabajadores y voluntarios del Distrito Capital (…) y han utilizado la Cruz Roja para conspirar contra la revolución bolivariana, 43 años tiene ese señor dirigiendo la Cruz Roja y no hay elecciones”, dijo Cabello en su programa de televisión.
Mientras, Villarroel divulgó un video en sus redes sociales, a través del cual pide a Maduro no permitir la intervención de la institución.
“Con el mayor respeto le solicito al señor presidente de la República, Nicolás Maduro, que, a la luz de los convenios de Ginebra firmados y ratificados por el Estado de la República Bolivariana de Venezuela, por el compromiso de asumir y promover los principios fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Roja suscrito por el Estado venezolano y por el pueblo de nuestro país, que se beneficia de los servicios humanitarios que ofrece la Cruz Roja Venezolana, le pido que se abstenga de tomar dicha decisión y permita que la Cruz Roja Venezolana tome las riendas para las soluciones que beneficien la labor humanitaria desinteresada en favor de millones de venezolanos”, manifestó.
Igualmente, este viernes, 04 de agosto, Miguel Villaroel, hijo de Mario Villarroel Lander y presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC), rogó al narcorégimen no tomar la drástica medida.
Pidió a Maduro que a “a la luz de los Convenios de Ginebra” suscritos por el Estado venezolano y por el pueblo que se beneficia de los servicios humanitarios, se “abstenga” de tomar la decisión y permita que la organización “tome las riendas para las soluciones que beneficien la labor humanitaria desinteresada”.
