Caracas. – El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este martes dos nuevas licencias generales que amplían el alivio de sanciones sobre Venezuela, permitiendo a bancos venezolanos, principalmente al Banco Central de Venezuela (BCV) acceder a los ingresos petroleros, y reconectarse con el sistema financiero internacional.
La OFAC emitió la Licencia General 57, que permite una amplia gama de servicios financieros vinculados al BCV, bancos públicos y ciertos funcionarios del narcorégimen chavista, siempre que no estén incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
El documento autoriza “todas las transacciones prohibidas por las Regulaciones de Sanciones de Venezuela […] que sean ordinarias, incidentes y necesarias para la provisión de servicios financieros” a instituciones como el BCV, Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Digital de los Trabajadores donde posean 50% o más de participación.
La licencia también señala, que se autorizan todas las transacciones que involucren a la gestión interina dirigida por Delcy Rodríguez, que de otro modo estarían prohibidas por la Orden Ejecutiva 13884 y que sean necesarias para las actividades establecidas en el párrafo (a) de esta licencia general.
No obstante, la autorización no implica el levantamiento de sanciones ni el desbloqueo de activos. El texto es explícito: “Esta licencia general no autoriza el desbloqueo de ninguna propiedad” ni operaciones fuera del alcance de las Regulaciones de Sanciones de Venezuela.
OFAC define “servicios financieros” de forma amplia, incluyendo mantenimiento de cuentas, transferencias, pagos digitales, operaciones en dólares, uso de tarjetas, servicios de remesas, inversiones y productos de valores.
Entre las actividades mencionadas figuran “ACH transfers; wire transfers; debit card, prepaid card, Automated Teller Machine transactions […] currency exchange; U.S. dollar‑denominated banking”.
La otra licencia aprobada, la Licencia General N° 56, autoriza a empresas y personas a negociar contratos comerciales con la gestión interina que controla Rodríguez, incluyendo acuerdos preliminares, memorandos de entendimiento y propuestas en respuesta a licitaciones públicas.
