De La Nación
Las fuerzas de seguridad detuvieron este sábado a la expresidenta Jeanine Áñez en el marco de la investigación sobre la caída a fines de 2019 del entonces presidente Evo Morales. El gobierno aseguró que no se trata de una persecución política, en tanto Evo pidió vía Twitter que se “investigue y sancione a los autores y cómplices”.
”Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”, escribió Evo Morales en su cuenta de Twitter.
La exsenadora fue llevada a las 04.30 de este sábado, hora local, a la base de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la ciudad de El Alto, desde donde debía ser trasladada al Ministerio Público de La Paz, tras su detención en Trinidad. “Aquí con una aprehensión ilegal, sin previo aviso”, se limitó a declarar Áñez ante los medios que la recibieron a su llegada, acompañada de un dispositivo policial.
“La Policía boliviana ha cumplido con una orden de aprehensión por el caso de Golpe de Estado, por delito de sedición, conspiración y otros, en un proceso, y lo digo así muy claro, que ha seguido todo su curso. Serán las autoridades judiciales las que determinen la situación jurídica de las personas aprehendidas”, declaró el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en rueda de prensa.
Asimismo, los exministros de Justicia Álvaro Coimbra, y Energías Rodrigo Guzmán, también detenidos por este caso, ya fueron trasladados desde la Fiscalía a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Se desconoce el paradero de otro acusado, el exministro de Presidencia Yerko Núñez, mientras que los exministros de Defensa Luis Fernándo López, y Gobierno, Arturo Murillo, también imputados, fueron declarados prófugos tras huir a Estados Unidos.
Todo ellos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su posible participación durante las violentas revueltas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata, y que propiciaron la renuncia del presidente Evo Morales a su victoria y su salida del país rumbo primero a México y luego a Argentina.
La orden de detención también solicita el arresto del almirante Palmiro Jarjuri, antiguo comandante de la Armada, de Jorge Gonzalo Terceros, quien ostentaba el mismo cargo en la Fuerza Aérea, así como del general Gonzalo Mendieta.
Asimismo, entre los militares acusados por la Fiscalía también están el general de División Aérea Jorge Elmer Fernández y el exjefe de Estado Mayor de las FFAA, Flavio Gustavo Arce San Martín, quien fue detenido el miércoles.
Precisamente, este viernes la Fiscalía presentó acusaciones de sedición, conspiración y terrorismo contra Flavio Arce en una audiencia cautelar en la que la Justicia dictó prisión preventiva para el exmilitar en la cárcel de San Pedro de La Paz, recoge el medio boliviano antes mencionado.
A todo ello, se suman la ordenes de detención emitidas ya el jueves por la Fiscalía contra el excomandante de la Policía Boliviana Vladimir Yuri Calderón y del exjefe de las FFAA Williams Kaliman.
En concreto, la Fiscalía identificó a 13 exautoridades del gobierno anterior en el marco de esta investigación.
El caso ‘Golpe de Estado’ se enmarca en una investigación tras la denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, quien acusó a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año pasado en las que salió triunfador Luis Arce, de instigar junto a su padre y varios mandos militares y policiales las revueltas y la salida de Morales.
