Caracas. – Diego Sierralta, el hijo de la presa política Yenny Barrios, fue víctima de un procedimiento arbitrario, al haber sido apresado por la PNB cuando intentaba cambiar unos medicamentos por un tratamiento que necesita su madre para el cáncer, tras ser acusado de supuestamente transportar sustancias psicotrópicas.
Sierralta era quien estaba a cargo de los cuidados que necesita su madre tras las rejas, ya que es paciente oncológica. El joven fue apresado el pasado 22 de enero por la PNB en Barquisimeto, cuando intentaba cambiar cuatro parches transdérmicos de fentanilo (un analgésico para dolores crónicos), por un medicamento que su madre necesitaba para su tratamiento de quimioterapia.
Se lo llevaron detenido al Centro de Detención Preventiva Pata ‘e Palo de la PNB por ese hecho. Sierralta estuvo los últimos cuatro meses luchando por la libertad de su madre, debido a su condición de salud, situación que visibilizó a través de las redes sociales con videos, exigiendo su libertad inmediata.
Las personas que respondieron al intercambio de las medicinas eran en realidad funcionarios de la División Contra Drogas de la PNB. Ahora, Sierralta enfrenta cargos por distribución y transporte de sustancias psicotrópicas y asociación para delinquir.
Yenny Barrios padece de Linfoma no Hodgkin, y para cubrir su tratamiento requiere Ciclofosfamida de 1.000 mg, un medicamento de alto costo que escasamente logran conseguir en el hospital del Seguro Social Pastor Oropeza.
Al no estar disponible el medicamento en el referido centro de salud y por no tener los recursos económicos para adquirirlo, el joven optó por intercambiar un par de parches transdérmicos para aliviar los dolores agudos.
Primero realizó la publicación en WhatsApp y, luego de eso, fue contactado por los sujetos, quienes resultaron ser funcionarios policiales. Su madre lo esperaba ese día, a fin de recibir el tratamiento que tanto necesita, pero no pudo ser así ya que su hijo había sido apresado.
Los funcionarios también le incautaron al joven otras medicinas, que a pesar de ser legales, consideraron que podían ser utilizadas para tráfico ilegal. Los abogados de Sierralta advirtieron que enfrenta una injusta acusación, que lo podría condenar hasta a 12 años de cárcel.
