Caracas. – El empresaurio venezolano vinculado al narcorégimen chavista, Raúl Gorrín, requerido por la justicia estadounidense por delitos de corrupción y lavado de dinero, permanece detenido desde hace varias semanas en la temible «Tumba», uno de los centros de reclusión más terribles del país, según sostuvo este viernes el medio estadounidense Miami Herald.
En un trabajo del periodista Antonio María Delgado, se señala que Gorrín estaría recluido en celdas subterráneas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en un centro conocido como “La Tumba”, ubicado frente Plaza Venezuela, en Caracas.
Personas cercanas al caso, bajo condición de anonimato, indicaron que “lo han tenido allí unas tres o cuatro semanas”. Si bien, hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre su situación jurídica ni sobre un eventual traslado a EE. UU., donde enfrenta cargos en tribunales federales de Miami.
El Miami Herald indica que la utilización de este centro, históricamente reservado para detenidos de alto perfil o casos políticamente sensibles, ha despertado interrogantes sobre las razones de su arresto y posibles tensiones internas dentro del poder venezolano.
Hasta ahora, no está claro si el régimen que ahora dirige Delcy Rodríguez permitirá su eventual traslado a EE. UU., donde enfrenta al menos dos acusaciones formales. Aunque no existe tratado de extradición entre ambos países, la administración del presidente Donald Trump ha incrementado la presión sobre Caracas respecto a temas que considera importantes.
Cabe recordar que “La Tumba”, ubicada a unos 15 metros bajo tierra en instalaciones originalmente diseñadas para el Metro de Caracas, ha sido objeto de reiteradas denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos. Exdetenidos describen celdas pequeñas, sin ventanas, con iluminación permanente y condiciones de aislamiento extremo.
Gorrín, propietario del canal Globovisión y considerado durante años una figura influyente en el ámbito empresarial de Venezuela, ha sido identificado por autoridades de EE. UU. como un actor clave en esquemas de corrupción vinculadas a la estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En 2019, el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo sancionó por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero por miles de millones de dólares.