El aguinaldo en tiempos de crisis económica en Bolivia: desafíos y perspectivas

“El pago de un aguinaldo decretado por ley no debería leerse como un triunfo de la justicia social, sino como un síntoma de la rigidez estructural de una economía con indicadores preocupantes y con necesidad de ajuste, a través de medidas en partidas estructurales como también una reestructuración en el orden económico.”

Paola B. Condori Fernández

Recientemente, el Ministerio de Trabajo de Bolivia publicó el instructivo sobre las fechas límite para el pago del aguinaldo, tanto para instituciones públicas como para entidades privadas. Esto nos lleva a replantearnos qué significa este gasto, que tal vez respecto al total de un periodo no es tan alto, pero en contextos de crisis como la economía boliviana, puede significar mucho.

El gasto público por concepto de aguinaldo, que en 2024 fue de 3.300 millones de bolivianos, fue implementado con el fin de «dinamizar la demanda interna». Sin embargo, desde el rigor del análisis económico, no debemos confundir la expansión nominal de la liquidez con el aumento de la capacidad adquisitiva de la gente.

En la situación actual macroeconómica de Bolivia, este aumento en la liquidez masiva no es inocuo; el pago del aguinaldo, especialmente en el sector público, y la presión que ejerce sobre el sector privado, nos obligan a examinar los fundamentos de la sostenibilidad fiscal y la restricción presupuestaria.

Para entender el impacto en el sector público de esta cantidad de bolivianos, primero debemos diseccionar su origen y su destino, porque en economía todo recurso tiene un costo de oportunidad:

1. El Sector Público y la Emisión Monetaria:

Dado que el Estado boliviano opera con un déficit fiscal profundo —superando consistentemente el 8% del PIB en los últimos años— y sin acceso a mercados de deuda internacionales a tasas razonables, la pregunta es: ¿Cómo se financia el aguinaldo de los servidores públicos? Si el Tesoro General de la Nación (TGN) no dispone de ahorro real previo, el financiamiento podría provenir del Banco Central de Bolivia (BCB). Esto es, técnicamente, una expansión de la base monetaria sin contrapartida en la producción de bienes y servicios transables.

• El Sector Privado

Para el empresariado, que enfrenta restricciones para importar insumos y una caída en la demanda real, el aguinaldo se convierte en una transferencia forzosa de capital de trabajo a consumo corriente. En un entorno de incertidumbre jurídica y económica, esto desincentiva la reinversión y fomenta la informalidad como mecanismo de supervivencia.

Demanda Agregada

El argumento keynesiano, en resumen, sugiere que poner dinero en el bolsillo de la gente reactiva la economía. No obstante, en el contexto actual de Bolivia, dicha lógica falla al ignorar las expectativas racionales de los agentes y la restricción presupuestaria intertemporal, pues, al aumentar esta cantidad de dinero al mercado en diciembre, enfrentamos dos escenarios de ajuste vía precios y tipo de cambio:

• La Ilusión Monetaria y el Impuesto Inflacionario

Si la oferta de bienes no crece, más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes resulta inevitablemente en inflación. El trabajador recibe su aguinaldo nominal, pero su poder adquisitivo real se ve erosionado. El Estado, al financiar su gasto con emisión, está cobrando un impuesto inflacionario no legislado. Lo que el gobierno te da con una mano vía aguinaldo financiado con déficit, te lo quita con la otra vía pérdida de poder adquisitivo.

• Reacción racional de protección del ahorro

Al recibir el aguinaldo, una parte significativa de los agentes económicos buscará refugio de valor. Dado que el boliviano ha perdido su función de reserva de valor, el aguinaldo no se atesorará en moneda nacional; se podría volcar a la compra de dólares —o USDT—. Cabe recalcar que probablemente no genere un gran impacto en este mercado de divisas, ya que el consumo aumenta —y no se destina tanto a ahorro—  por el dinamismo generado por fechas festivas, pero eso también nos lleva al punto anterior.

Conclusión

El pago de un aguinaldo decretado por ley no debería leerse como un triunfo de la justicia social, sino como un síntoma de la rigidez estructural de una economía con indicadores preocupantes y con necesidad de ajuste, a través de medidas en partidas estructurales como también una reestructuración en el orden económico.

No nos olvidemos de que el dinero es un medio de intercambio que manda señales para tomar decisiones basándonos en cómo están funcionando los diferentes mercados, por lo que cualquier tipo de bono o subsidio nos lleva a señales equivocadas.

Al forzar la liquidez, se distorsionan los precios relativos, que complica un poco más el reajuste necesario de la economía, y no solo eso, sino que es contraproducente con el objetivo inicial por el que son creados este tipo de beneficios laborales, ya que eleva el costo laboral de contratar, volviendo cada vez más complicado a las personas conseguir empleo y desplazándolas a sectores informales.