El autodenominado «TSJ en el exilio» asegura que no existe la «ausencia forzosa» creado por el narcochavismo

Caracas. – Los autodenominados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio emitieron este miércoles un pronunciamiento, donde rechaza el invento jurídico de «ausencia forzosa» creado por el chavismo, y exige aplicar los artículos 233 y 234 de la Constitución para declarar la falta absoluta del dictador derrocado Nicolás Maduro.

El documento, publicado en redes sociales y enviado desde Doral-Florida, señala que cualquier imposibilidad material de un mandatario para ejercer su cargo, debe procesarse bajo las figuras constitucionales de falta temporal o absoluta, rechazando categorías como la «ausencia forzosa» por carecer de base normativa.

Los juristas enfatizaron que la supremacía constitucional y la continuidad institucional deben prevalecer sobre interpretaciones artificiosas en la sucesión presidencial. «Resulta jurídicamente improcedente crear categorías ajenas al texto constitucional», sentenciaron los magistrados en el texto, advirtiendo que la detención de Maduro en enero constituye una imposibilidad material de ejercer el cargo que obliga a convocar elecciones.

Asimismo, el máximo tribunal denunció que la prórroga de 90 días ya venció y que la encargada del narcorégimen, Delcy Rodríguez, carece de sustento para prolongar su permanencia sin que la Asamblea Nacional active el proceso de sucesión presidencial inmediata.

Los magistrados detallaron que la falta absoluta también puede configurarse por causas adicionales como la muerte, renuncia, destitución por sentencia judicial o abandono del cargo. En el escenario actual, la no reincorporación tras el plazo máximo de 180 días obliga a la Asamblea Nacional a declarar la vacante definitiva del cargo.

El tribunal reafirma que la única ruta válida para el restablecimiento del orden es la estricta observancia de los mecanismos de sucesión previstos por el constituyente.

Los magistrados reafirmaron en el comunicado, que la única ruta válida para restablecer el orden republicano es la observancia estricta de la soberanía popular, desconociendo cualquier maniobra de «continuidad administrativa» que intente aplicar el narcochavismo.