De Derecha Diario
Las finanzas públicas de la economía brasileña fueron completamente desbaratadas desde que el socialismo volvió al poder en enero. El techo del gasto público fue eliminado y los desequilibrios aumentaron a pesar de los aumentos impositivos que Lula logró aprobar en lo que va del 2023.
El Gobierno de Lula da Silva desmanteló completamente las finanzas públicas de Brasil a pesar de llevar tan solo 11 meses en el poder. El presidente socialista heredó un superávit primario equivalente al 0,6% del PBI en enero de este año, y un resultado financiero deficitario en torno al 4,4% del producto respectivamente.
En los primeros 9 meses de gestión, el superávit primario fue completamente desmantelado y se convirtió en un déficit que escaló al 0,92% del PBI al cierre de septiembre, según las estadísticas recopiladas por el Banco Central de Brasil y estimadas por el IBGE.
Por otra parte, el déficit financiero del Gobierno federal (sin contabilizar Estados locales) se disparó al 6% del PBI, oficialmente el resultado más desequilibrado desde agosto de 2021, cuando el país aún sufría los efectos de la pandemia internacional.
El resultado consolidado del sector público nacional y el Banco Central sumó un déficit que llegó al 6,62% del PBI, y la diferencia surge por el saldo causi-fiscal del Banco Central que aún dirige el presidente Roberto Campos Neto. Nuevamente, este resultado es el más drástico de los últimos 2 años, principalmente impulsado por la responsabilidad del Gobierno nacional.
Todo esto sucedió a pesar de que el Gobierno, y en particular el ministro de Economía Fernando Haddad, impulsó una serie de aumentos impositivos a lo largo del año, gravando los combustibles, las apuestas online, las exportaciones de hidrocarburos, remesas, y aumentando las contribuciones a la seguridad social, entre muchas otras disposiciones.
Tan pronto como llegó al poder, Lula eliminó el techo de gasto público nominal que habían implementado Michel Temer y Jair Bolsonaro en las últimas dos administraciones, la cual había sido la regla fiscal por excelencia para llevar confianza y garantizar la independencia del Banco Central (algo que se efectivizó por ley a partir de 2021).
Lula reemplazó esta regla fiscal por otra que vincula al gasto con el crecimiento de los ingresos federales (estos últimos sin ninguna atadura legal). Pero como la reforma entra en vigencia a partir del año fiscal 2024, para lo que resta del año el oficialismo adquirió vía libre para actuar sin mayores limitaciones.
El grueso del ajuste sobre las finanzas públicas tendrá lugar en el año próximo, y recaerá exclusivamente sobre el sector privado por medio de una reforma tributaria que está a punto de obtener el visto bueno del Senado (después de haber sido convalidad por el Congreso de Diputados).
La reforma de Lula propone elevar el IVA al 27,5% (la tasa más alta del mundo) unificando una serie de impuestos internos a las ventas, al mismo tiempo en que adopta el impuesto mínimo del 15% sobre los ingresos de las empresas multinacionales, entre otras modificaciones.
