El ministro de Defensa, Luis Petri, envió esta semana un borrador del proyecto a un grupo de diputados de la UCR, el PRO y La Libertad Avanza. El proyecto autoriza a los militares a patrullar las calles de una provincia en crisis si se determina que hay «acciones terroristas».
El Gobierno de Javier Milei retomó esta semana su propuesta para involucrar a las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo y otras actividades relacionadas con la seguridad interior, realizando patrullajes, controles de personas y vehículos, y detenciones en flagrancia.
El ministro de Defensa, Luis Petri, envió un borrador de proyecto de ley a un grupo de diputados de La Libertad Avanza, la UCR y el PRO. Este proyecto propone reformar únicamente el artículo 27 de la ley 24.059 de Seguridad Interior, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem.
Entre los destinatarios del proyecto se encuentran María Fernanda Araujo (La Libertad Avanza), Alejandro Finocchiaro (PRO), Alejandro Bongiovanni (PRO), Francisco Monti (UCR), Beltrán Benedit (LLA) y Sergio Capozzi (PRO), entre otros.
La iniciativa se presenta tras el increíble y exitoso desfile militar del 9 de Julio sobre la avenida Libertador, a pesar de las restricciones presupuestarias que afectan al país
La propuesta plantea una «opción intermedia» entre las acciones de apoyo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Estado de Sitio.
El proyecto sugiere que el Ministerio de Defensa, a propuesta de un Comité de Crisis establecido en una provincia en riesgo, permita a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) apoyar «las operaciones de seguridad interior mediante la utilización de diferentes capacidades«. Para esta tarea, habrá un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior de la Nación.
Primero, el Comité de Crisis deberá calificar la situación como «acciones terroristas destinadas a aterrorizar a la población y poner en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad o la autodeterminación«.
La ministra de Seguridad Interior, Patricia Bullrich, había calificado como «terrorismo» el asesinato de un playero en Rosario, ya que buscaba generar terror en la población, en el contexto de una serie de ataques de narcotraficantes en respuesta al endurecimiento de las medidas de seguridad contra los líderes de «Los Monos» y otras bandas de narcos.
Entonces, el proyecto estipula que el Comité de Crisis podrá ordenar a las FF.AA. realizar medidas como «patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles«. Además, «proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y temporales en áreas especialmente designadas y por un tiempo limitado, y la aprehensión en flagrancia«.
No obstante, «en caso de detectar un presunto delito, las FF.AA. podrán actuar en flagrancia y comunicarán su intervención de inmediato al fiscal competente«. La actuación de las FF.AA. en estas situaciones deberá contar con la «autorización del gobernador o los gobernadores de las zonas afectadas«.
En estos casos, «el uso de la fuerza se regirá por los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales, estando expresamente permitidas las operaciones de seguridad interior en dicho ámbito«. Además, el Ministerio de Defensa, según el proyecto, «deberá elaborar las reglas de enfrentamiento conforme al requerimiento efectuado«.
En ese sentido, se especifica que en caso de que los militares deban usar «medios materiales de coacción de forma disuasiva o efectiva, deberán hacerlo de manera racional, progresiva y proporcional«. Su accionar «será considerado en cumplimiento del deber y, por lo tanto, no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal«.
Finalmente, el proyecto señala que las FF.AA. «deberán contar con la capacitación técnica y legal correspondiente para intervenir en las acciones previstas, así como el equipamiento adecuado a las necesidades operativas de la misión«.
En marzo, Petri había anunciado que pronto enviaría al Congreso un proyecto para modificar la ley de Seguridad Interior de 1991, permitiendo que las Fuerzas Armadas participen en acciones de seguridad ciudadana.
Simultáneamente, Petri ha redactado un proyecto de decreto presidencial para anular la reforma a la reglamentación de la ley de Defensa realizada por la exministra Nilda Garré en 2006, que prohibía a los militares actuar contra fuerzas que no sean estatales.
Para Petri, la «reforma Garré» y la propaganda de los gobiernos corruptos de Néstor y Cristina Kirchner sobre la violencia de los setenta «han demonizado y perseguido a las Fuerzas Armadas» en los últimos años debido a un «sesgo ideológico«.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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