De Derecha Diario
El Gobierno presentó un proyecto para reformar la ley de minería vigente desde el año 2001, incrementando notoriamente el peso y el rol del Estado en uno de los sectores más competitivos del país.
El Gobierno socialista de Gustavo Petro presentó un proyecto para reformar el sistema minero de Colombia, con el objetivo de desalentar forzosamente la descarbonización en contra de las ventajas comparativas y las exportaciones que cada año realiza el país.
Se propone modificar el Código de Minas que se rige por la Ley 685 del año 2001. Las nuevas regulaciones propuestas limitan los contratos de concesión con empresas privadas, incrementan el peso de las regalías que percibe el Estado, amplía la cantidad de tierras excluidas de la explotación minera legal, y propone crear una nueva empresa estatal a cargo de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Se propone dar inicio a la estatal “Ecominerales” con el objetivo expreso de regular a las empresas competidoras en el sector minero. Cubrirá un gran número de actividades, comenzando inicialmente con la comercialización de oro.
Otra de las funciones de la eventual empresa estatal será el lanzamiento de una serie de créditos artificialmente baratos para pequeños productores mineros, todo esto a cuenta de mayores pérdidas que deberán ser absorbidas por el Estado nacional (y la sociedad en última instancia).
El nuevo marco regulatorio favorecerá a los pequeños mineros tradicionales con escasa productividad, en detrimento de las empresas multinacionales que logran exportar y traer divisas para el país. La “descentralización” forzosa de la ritualización minera tiene el potencial de diezmar la productividad del sector.
Es la segunda gran ofensiva contra la minería desde diciembre del año pasado, cuando el presidente Petro logró sancionar su reforma tributaria en el Congreso. La misma elevó fuertemente la carga impositiva para las empresas desde el 35% al 47%, según una escala progresiva.
Para los productores de carbón la sobretasa impositiva llegó al 56%, el sector más severamente castigado por la reforma. Asimismo, se estableció una sobretasa de entre el 5% y el 15% sobre el impuesto de sociedades para las empresas del sector petrolero.
La distribución de dividendos (que afecta a todas las empresas) pasó de gravarse del 10% al 20% con la reforma, una de las tasas más exigentes de la región.
Otro punto relevante de la reforma de Petro fue la adopción del “impuesto mínimo corporativo” con una tasa del 15%, en sintonía con el pedido internacional del presidente demócrata Joe Biden.
