La madrugada del 12 de enero de 2017, a un grupo de oficiales y civiles, los acusaron de la operación “Golpe Azul”. Los sentenciaron entre 3 a 6 años. Culpándolos por los delitos de “Rebelión y Contra el Decoro Militar”.
Los socialistas declararon al grupo azul como conspiradores a sobrevolar los Edificios Estatales con un avión artillado TUCANO para generar confusión. Entre los objetivos pasarían por la sede principal del canal internacional TELESUR; antiguo Canal Metropolitano Televisión (CMT) de frecuencia UHF y por la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM).
¿Quiénes son los ciudadanos inocentes?
- Pedro Rafael Maury Bolívar; Taxista. 3 años y 2 meses.
- Jesús Henrique Salazar Mendoza; Carpintero. 3 años, 4 meses y 20 días.
- Luis Rafael Colmenares Pacheco; TSU en Ciencias Fiscales. 3 años y 2 meses.
- Henry Javier Salazar Moncada; Primer Teniente (AV). 5 años, 11 meses y 10 días.
- Carlos José Esqueda Martínez; Primer Teniente (AV). 5 años, 9 meses y 10 días.
- Petter Alexander Moreno Guevara; Primer Teniente (AV). 4 años y 7 meses.
- Ricardo José Antich Zapata; Primer Teniente (AV). 4 años y 9 meses.
- Luis Hernando Lugo Calderón; Primer Teniente (AV). 4 años, 9 meses y 10 días.
¡No hay pruebas sobre las acusaciones!
El Ministerio Público NO mostró pruebas. “Nos condenaron por una supuesta intentona golpista que iban a dar un general sin tropas, un puñado de pilotos sin aviones, u otros militares retirados” Firma, Los Inocentes.
Actualmente, defensores públicos, jueces y fiscales son parte del aparato que se instauró incumpliendo los Derechos Humanos y el Debido Proceso de los presos políticos de Venezuela. Imputados por Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión, citando que reciben “Órdenes Superiores” presionando a los detenidos inocentes que se declaren culpables con la excusa de que así “Saldrán Rápido”.
El Tribunal más conocido imponiendo a defensores públicos, es supuestamente, de la jueza militar primera de control; Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, quien lleva muchos de los casos emblemáticos, por presuntos delitos como “Traición Militar e Instigación a la Rebelión” imputando a militares de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB).
En los tribunales militares se aplica la justicia de manera discrecional. Presuntamente, el presidente del Circuito Judicial Penal Militar y de la Corte Marcial; mayor general (EJ) Edgar José Rojas Borges, quien fue Fiscal Militar, y quien sería supuestamente cómplice necesario contra las Leyes.
La Capitán de Corbeta; Carelys Alexandra Araujo Torín, Defensora Pública del Tribunal Primero de Control, supuestamente no hace ninguna diligencia ni actúa ante las denuncias de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
El “Golpe Azul” es una mentira más de los socialistas a la “Admisión de los Hechos” de cinco militares y tres civiles, acusados de participar en un atentado contra el señor @NicolasMaduro, en el año 2015, Ciudad de los Aviadores Azules.
El santo Nicolás Maduro (Lósif Vissariónovich Dzhugashvili) denunció un golpe de Estado para derrocarlo. Precisó que: “Militares de la aviación estarían supuestamente implicados en una estrategia trazada desde Washington”.
Estados Unidos, respondió de «ridículas» las acusaciones del presidente de Venezuela sobre la Casa Blanca en la organización de una supuesta intentona golpista.
Una mamá declaró a Maduro: “¡Ayúdenme!”: ¡Mi hijo ya cumplió su pena, sigue encarcelado!
Mariluz Guevara, es la madre de Petter Moreno. Se declara destruida. “El juez no quiere llevar la boleta de excarcelación”.
La Corte Marcial venezolana emitió una orden anulando la sentencia con fecha 22 de diciembre de 2017, impuesta por el Tribunal Militar 2° accidental de Maracay, estado Aragua, sentenciando a militares y civiles sin contar con pruebas de la presunta participación “Golpe Azul”, quedando sin efecto.
A los integrantes del Golpe Azul les hicieron consumar la pena impuesta por el tribunal socialista, siendo inocentes. Hoy puestos en libertad por la intervención de las Organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela, monitoreando las acciones que se consideren en situaciones de riesgo a los Derechos Ciudadanos, buscando garantías ante la justicia nacional e internacional.
Angel Jesús Prato Espinoza, presidente de Líderes Libres
(Derechos Humanos & Conservación Ambiental)
FIP PRENSA Nº: VE 2229 / CNP Nº: 20.202
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