La dictadura china acusa de «separatistas» a todas aquellas personas que defiendan la libertad, la democracia y la independencia de Taiwán, y amenaza con aplicarles la pena de muerte.
La República Popular China ha amenazado con aplicarle la pena de muerte a todas aquellas personas que sean consideradas «separatistas independentistas de Taiwán«, intensificando la presión política a pesar de que los tribunales chinos no tienen jurisdicción sobre la isla, que está gobernada democráticamente.
La dictadura china considera a Taiwán como parte de su propio territorio y ha expresado fuertes críticas hacia el presidente Lai Ching-te, quien asumió el cargo de manera democrática el mes pasado, calificándolo de «separatista«. En respuesta, China ha realizado ejercicios militares y otras acciones hostiles desde la elección de Lai en enero.
Desde entonces, Taiwán ha protestado por el aumento de la presión china, que incluye maniobras militares frecuentes, sanciones económica y patrullajes de guardacostas cerca de las islas controladas por Taiwán y cercanas a China.
Según la agencia estatal china de noticias Xinhua, las nuevas directrices establecen que los tribunales, fiscales y fuerzas de seguridad públicas y estatales de China deben «castigar severamente a los independentistas de Taiwán por dividir el país e incitar a cometer delitos de secesión, de acuerdo con la ley, y defender resueltamente la soberanía nacional, la unidad y la integridad territorial«.
Estas directrices fueron publicadas en conformidad con las leyes vigentes, incluida la ley antisecesión de 2005, según informó la agencia de propaganda del régimen chino.
La ley antisecesión de 2005 proporciona a China la «base legal» para tomar medidas militares contra Taiwán en caso de que se declare independiente o parezca estar a punto de hacerlo.
Sun Ping, funcionario del Ministerio de Seguridad Pública de China, declaró en Beijing que la pena máxima por el «crimen de secesión» es la muerte. «La afilada espada de la acción legal siempre estará en alto«, amenazó.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta inmediata por parte del Gobierno democrático de Taiwán. Un funcionario mencionó a Reuters que aún estaban evaluando el contenido de las nuevas medidas a tomar.
Las directrices detallan lo que se considera un delito merecedor de castigo, incluyendo la promoción de la entrada de Taiwán en organizaciones internacionales donde ser reconocido como Estado es requisito, mantener «intercambios oficiales externos«, y «suprimir» partidos, grupos y personas que abogan por la «reunificación«.
Además, las normativas agregan una cláusula que podría interpretarse ampliamente, abarcando «otros actos que pretendan separar a Taiwán de China«.
Lai Ching-te ha expresado repetidamente su disposición a entablar conversaciones con China, pero estas propuestas han sido rechazadas. Insiste en que únicamente el pueblo de Taiwán tiene el derecho de decidir su propio futuro.
China ha tomado medidas legales previas contra funcionarios taiwaneses, como la imposición de sanciones a Hsiao Bi-khim, quien fue embajador de Taiwán en Estados Unidos y actual vicepresidente de la isla.
Sin embargo, tales castigos tienen poco efecto práctico, dado que los tribunales chinos carecen de jurisdicción en Taiwán. El Gobierno de Taiwán rechaza las reclamaciones de soberanía de Beijing y mantiene una postura de independencia política y democracia, conceptos que al régimen chino no le gusta. Además, los altos funcionarios taiwaneses, evitan visitar China debido a las tensiones políticas y la falta de reconocimiento mutuo entre ambos gobiernos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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