El programa garantiza la disciplina fiscal, y al mismo tiempo apuesta por las políticas “del lado de la oferta” para estimular el potencial productivo del país. El gran objetivo del Gobierno será producir un giro de 180° en la cosmovisión de los impuestos que se pagan en Argentina.
El Gobierno del Presidente Javier Milei prepara la que posiblemente pueda ser la reforma tributaria más importante que se haya visto desde el retorno de la democracia. Y si bien todavía no se han dado a conocer los detalles de la misma, es casi un hecho que se verán afectados los principales componentes de la recaudación, pero también aquellos que no son representativos pero que generan grandes distorsiones en el funcionamiento de la economía.
Argentina mantiene una cantidad insólita de impuestos, tasas y contribuciones, pero lo cierto es que el grueso de la recaudación (aproximadamente el 90%) se concentra en los 10 gravámenes más comunes (Ganancias, IVA, impuestos al comercio exterior, contribuciones patronales, etc).
La reforma que lanzará el Gobierno de Milei hará foco en dos cuestiones fundamentales: reducir la presión tributaria efectiva como porcentaje del PBI de manera compatible con la disciplina fiscal, y por otra parte reducir drásticamente la proporción de los impuestos particularmente distorsivos como porcentaje de la recaudación total.
Argentina mantiene un nivel anormalmente elevado en ciertos impuestos que en el mundo o bien no existen, o bien se mantienen en niveles acotados por su gran distorsión sobre los mercados. Ejemplos de esto hay de sobra, pero pueden mencionarse las retenciones a la exportación, los derechos a las importaciones, el impuesto al cheque, el impuesto de Bienes Personales, y los impuestos al trabajo en blanco, entre muchos otros.
La reforma buscará reducir especialmente estos impuestos distorsivos, que perderán cada vez más terreno dentro de la estructura tributaria, hasta eventualmente ser eliminados por completo en muchos casos. Los cambios que propondrá el proyecto del oficialismo tendrían vigencia a partir del 1° de enero de 2025, dando así un margen prudencial para poder ajustar las finanzas públicas del Gobierno nacional en 2024.
Hasta ahora, las medidas impositivas del ministro Caputo se centraron en la generación de recaudación, tanto por la vía de los incentivos (efectos laffer) como por cuestiones de proactividad (hay impuestos que son se más fácil recaudación, y más aún en tiempos de emergencia).
El Gobierno resolvió una suba temporal hasta el 15% sobre las retenciones de economías regionales seleccionadas, y elevó la tasa del impuesto PAIS hasta el 17,5% respectivamente. Paralelamente, se modificó el régimen de Bienes Personales para favorecer el pago por adelantado (hasta 5 años), ofreciendo tasas reducidas y facilidades de pago. También se aprobó un esquema de rebajas programadas para este impuesto.
Todas estas medidas fueron necesarias para gestionar la crisis que dejó plantada el kirchnerismo y el proceso hiperinflacionario que ya estaba latente durante las primeras semanas de diciembre (los precios subían a razón del 1% cada día). La hiperinflación se evitó gracias al pragmatismo y la determinación que demostró tener el Presidente Milei a la hora de tomar decisiones difíciles, y muchas veces por fuera de los anhelos ideológicos ideales.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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