El Supremo de EE. UU. permite al Gobierno reanudar la detención de migrantes en California

El Tribunal Supremo de EE. UU. ha respaldado este lunes la iniciativa del presidente del país, Donald Trump, de que las fuerzas de seguridad detengan a migrantes en California basándose en su idioma u ocupación, a pesar de que tribunales inferiores habían prohibido temporalmente esta orden alegando que se estaba violando la Constitución.

El alto tribunal no ha ofrecido explicaciones sobre su decisión. Sin embargo, el juez Brett Kavanaugh, ha indicado que las circunstancias que los agentes estaban considerando «en conjunto pueden constituir al menos una sospecha razonable de presencia ilegal en EE. UU.».

«Es importante que una sospecha razonable solo significa que los agentes de inmigración pueden detener brevemente al individuo y preguntarle sobre su estatus migratorio», ha manifestado, antes de emprender una discusión más amplia sobre la migración, según ha informado CNN.

En un voto contrario, la jueza Sonia Sotomayor ha criticado la orden por permitir que el gobierno federal continúe arrestando a personas en función de su apariencia o trabajo.

«En lugar de quedarme de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, discrepo», ha agregado. Las juezas liberales Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson también han firmado el texto.

Sotomayor también ha sostenido que la orden del Supremo «es preocupante por otra razón: carece totalmente de explicación». «En los últimos ocho meses, el deseo de este tribunal de eludir el proceso ordinario de apelación e intervenir en asuntos importantes ha crecido exponencialmente», ha lamentado.

La Administración Trump instó al tribunal a una intervención de emergencia, calificando la orden de un tribunal inferior de «camisa de fuerza» para los esfuerzos del Gobierno en el marco de su política migratoria.

La jueza federal de distrito Maame Ewusie Mensah Frimpong —designada por Joe Biden— impuso los límites en julio, después de que un grupo de personas detenidas presentaran una demanda por lo que denunciaron como «patrullas itinerantes» inconstitucionales en Los Ángeles.