El viceministro de Exteriores argentino insta a narcotiranía a no excusar su fracaso

El viceministro de Exteriores de Argentina, Leopoldo Sahores, admite que Buenos Aires mantiene una posición «crítica» con respecto a las sanciones adoptadas unilateralmente en el ámbito internacional contra determinados países. Sin embargo, emplaza a gobiernos como el venezolano a no utilizarlas como «excusa» para justificar sus excesos.

El viceministro aclara, en una entrevista a Europa Press con motivo de una visita a Madrid, que Argentina no baraja imponer «sanciones de ningún tipo» a Venezuela y señala, en cambio, que es el régimen de Maduro quien ha optado por esta vía, limitando desde febrero la utilización del espacio aéreo venezolano por parte de aeronaves argentinas.

Así, cataloga esta medida de «absolutamente discriminatoria» y de ser una «contradicción» con el propio discurso del régimen que somete a Venezuela.

En este sentido, ha señalado que, a día de hoy, y a falta de ver cómo se reconfigura el escenario tras la designación de Edmundo González como teórico candidato unitario de la «oposición» en Venezuela, el Gobierno de Javier Milei no ve que se den «las condiciones para que haya elecciones libres, transparentes y con amplia participación» y se muestra, a priori, «pesimista», habida cuenta de la imposibilidad de la oposición para escribir a sus principales figuras por el veto oficialista.

Sobre la posibilidad de que la posición argentina pueda cambiar tras la decisión de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el ‘número dos’ del Ministerio de Exteriores argentino recalca que desde Buenos Aires seguirán «con mucha atención» cualquier paso, para determinar por ejemplo que no hay «restricciones» por parte del «régimen». Así, considera «clave» el papel de los observadores internacionales de cara al 28 de julio.

«La comunidad internacional no puede permanecer ajena a lo que sucede en Venezuela», reclama Sahores, que cree que el escenario actual es «muy parecido» al de 2018, cuando estallaron protestas masivas y parte de los gobiernos extranjeros comenzó a cuestionar la legitimidad del poder chavista.