En 59.000 estima EE. UU. la cifra de fallecidos por sismos del 24 de junio

Caracas. – Mientras los balances oficiales presentados por el narcorégimen chavista interino sitúa para el mes de agosto un total de 6.301 víctimas fallecidas por los sismos del 24 de junio, el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) estima una media de 53.000 fallecidos.

David Wald, sismólogo en el USGS, aseguró que el organismo documenta datos históricos sobre la magnitud de los terremotos y la distribución de la población para calcular el número de muertes por cada evento telúrico. Indicó que la información suele ser más precisa en incidentes con mayor número de víctimas, como en el caso de Venezuela.

La cifra del organismo implica 50% de probabilidad de que el impacto real sea superior o inferior a esta proyección preliminar. Asimismo, el organismo científico sostiene que existe 81% de posibilidades de que el balance final de muertos sobrepase los 10.000.

La diferencia —que multiplica por más de ocho el número reconocido por las autoridades venezolanas— pone de relieve patrones de subregistro y posible ocultamiento sistemático de datos, por parte del narcoestado chavista en escenarios de desastre.

Los reportes iniciales ofrecidos por figuras como Jorge Rodríguez, escalaron progresivamente de 235 a 1.430 muertos en los primeros días de atención en zonas críticas como el estado La Guaira y el área metropolitana de Caracas.

No fue sino hasta el mes de agosto cuando el gobierno ajustó el balance a 6.301 fallecidos, atribuyendo parte del colapso asistencial a fallas en los servicios públicos e infraestructura. Desde entonces, las actualizaciones oficiales se detuvieron, dando paso a una narrativa centrada en la entrega de viviendas y planes de rehabilitación urbana.

Esta disparidad ha reavivado las alarmas de organizaciones de derechos humanos como la ONG Provea y la Vicaría de Derechos Humanos, las cuales denuncian la ausencia de listas públicas en morgues, registros de desaparecidos y censos auditables, un escenario de opacidad que atenta contra el derecho a la verdad de las familias y retrasa la canalización efectiva de la ayuda internacional.