Caracas. – La esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, Irene Olazo, exhortó este lunes a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo a no agotar el lapso legal de diez días para emitir su pronunciamiento sobre el caso que involucra a su esposo y a otros 23 militares, además de solicitarles que el dictamen no obedezca órdenes del narcorégimen interino.
El capitán de la GNB enfrenta una posible condena de 30 años impuesta, así como el resto de los efectivos vinculados a la toma del Fuerte Paramacay. A través de un video que corrió por redes sociales este lunes, Olazo pidió que, aunque el plazo para el veredicto vence este próximo miércoles, los magistrados no deben prolongar «las torturas de estas familias y estos injustamente condenados».
«No esperen órdenes. No tienen por qué esperar hasta el último momento», les solicitó. Para Olazo, el pronunciamiento de la Corte representa una decisión que trasciende el caso de su esposo y de los otros procesados, pues considera que también será una señal sobre el funcionamiento de la justicia venezolana.
“Detrás de esos 24 condenados injustamente hay padres, madres, hijos, esposas, familias esperando esta respuesta”, afirmó. Las posibles decisiones de la Corte de Apelaciones son ratificar las condenas; negarlas; o eliminar delitos y dejar condenas que quizás puedan estar ya cubiertas por el plazo en el que han estado presos los implicados en la causa (nueve años).
El caso fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Carabobo el 26 de agosto y el tribunal pidió un plazo de diez días para su decisión. Los condenados están apelando la decisión de diciembre del año pasado a la que fueron sometidos: 30 años de prisión por traición a la patria, rebelión militar y sustracción de armas a la FANB.
La esposa de Caguaripano también sostuvo que el país y la comunidad internacional están atentos al resultado del recurso de apelación. “Venezuela y los venezolanos regados por el mundo están esperando esta decisión para ver si realmente estamos en un periodo de transición y la justicia va a llegar a Venezuela”, expresó.
Caguaripano fue detenido el 11 de agosto de 2017, días después de la toma del Fuerte Paramacay, y posteriormente trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta.
Actualmente permanece recluido en el centro penitenciario El Rodeo I, según denuncias de sus familiares. Según denunció la ONG Foro Pena, el militar sufrió graves torturas físicas y psicológicas tras su captura.
Las denuncias recabadas por la organización detallan golpizas, descargas eléctricas, asfixia con gas pimienta y agresiones directas en los genitales que le provocaron una hemorragia severa, requiriendo una intervención quirúrgica de emergencia.
