El año pasado, un grupo de venezolanos le exigió a la USAID que hicieran públicas las donaciones que se han hecho a Venezuela como parte del programa de ayuda humanitaria para ayudar a solventar la crisis que viven los ciudadanos actualmente. La denuncia de hizo basado en la Ley FOIA (Freedom of Information Act) la cual le permite a los ciudadanos exigir que se divulgue el manejo de los fondos públicos.
La petición se hizo el 3 de febrero del 2019, recibiendo respuesta por parte de la Oficina de Información y Servicios del gobierno al día siguiente, 4 de febrero.
Esta primera fase fue negada, amparándose bajo las excepciones (b4) y (b6) las cuales evitan publicación de información para “proteger secretos e información comercial obtenida por una persona que sea privilegiada y/o confidencial” e “información privada de un individuo” respectivamente. La USAID permitió la divulgación parcial de los documentos de las donaciones que se hicieron al gobierno interino liderado por Juan Guaidó y a las Organizaciones No Gubernamentales que se encargarían del manejo de esos recursos. Para el momento se hablaba de por lo menos $600Millones.
Para el politólogo Filipp Rodríguez, este argumento carece de algún sustento jurídico, lo cual le llevó a apelar la decisión
Rodríguez piensa que la USAID tuvo que rebuscar esta respuesta pues, a su juicio, el precedente jurídico que existe, que involucra a la FDA, no tiene similitudes con el caso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Tras su apelación, revirtieron su primera decisión, también de manera parcial, censurando los datos mas importantes de los documentos, basándose en las excepciones (b4) y (b6)
El politólogo expresó su disgusto con la información facilitada, pues, de los $600Millones solo se les otorgó una tabla que muestra $30Millones sin desglosar como se utilizó cada donación ni explicar quienes fueron los receptores de estos recursos.
Rodríguez además enfatizó que en la primera respuesta recibida por parte de la USAID (imagen 3) cuando respondieron a las peticiones que se hicieron en febrero, hay un párrafo en donde la institución dice que ellos no archivan información detallada sobre los receptores de estos recursos: números de registro, junta directivas compensación e identificadores únicos; lo cual el comparó con “dar un cheque en blanco” y aseguró que este tipo de comportamientos son dañinos para las instituciones de este país pues se puede empezar a cuestionar la transparencia con la cual se manejan.
Una firma que es recurrente en los documentos es la del designado por Juan Guaidó como embajador ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio. En las enmiendas 1 y 2 que se discutieron para el “Convenio de Donación para Objetivos de Desarrollo” (DOAG por sus siglas en inglés) aparecen Carlos Vecchio como representante de Venezuela y John Barsa como el de los Estados Unidos. Se censuran montos utilizando nuevamente las cláusulas (b4) y (b6).
El documento final de este compromiso, que cuenta con 66 páginas, fue firmado el 27 de agosto del 2019 por Carlos Vecchio y Mark Green. Los objetivos de estas donaciones incluyen: actores democráticos aumentan su capacidad para mantener espacios democráticos abierto y relevantes, servicios sociales focalizados mejorados para poblaciones marginadas y mejoras en el crecimiento económico inclusivo impulsado por el sector privado.
El plan de financiamiento y el presupuesto de este proyecto no se hace público bajo las mismas cláusulas de la FOIA antes mencionadas.
Filipp Rodríguez pidió ayuda para llevarlo a instancias mayores. Su propuesta es llevarlo ante las cortes federales; sin embargo, para ello se requiere una cantidad importante de recursos, por lo que, le pide a los ciudadanos del país presionar a los políticos regionales para que hagan la presión necesaria en torno a este tema.
El politólogo no descarta llevar esta denuncia ante la cámara de representantes, el senado y las comisiones correspondientes, pero hace énfasis en la importancia que esto debe cobrar fuerza con el apoyo de millones de ciudadanos que pagan impuestos a los cuales no se les ha respondido con transparencia como está siendo usado este dinero.
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John R. De la Vega, P.A.
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John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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