Caracas. – El excongresista estadounidense David Rivera enfrenta un juicio por presuntamente realizar cabildeo (lobby) ilegal a favor de la Narcotiranía de Nicolás Maduro en 2017. Rivera habría recibido pagos a través de Citgo, filial de PDVSA, para mejorar la imagen del gobierno venezolano y gestionar reuniones con legisladores estadounidenses, sin registrarse como agente extranjero.
El juicio podría arrojar luz sobre el papel entre bastidores que desempeñó la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la supuesta campaña de lobby durante los primeros días del primer mandato del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
Los fiscales federales de Miami afirman que David Rivera recibió 20 millones de dólares en 2017 de empresas estatales venezolanas para intentar mejorar las relaciones entre EE. UU. y Venezuela, pero no se registró como lobista extranjero tal y como exige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.
Rivera, de 60 años de edad y con un pasado como miembro de la Cámara de Representantes por Florida entre 2011 y 2013, fue arrestado en 2022 y se declaró no culpable de los cargos que incluyen violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y conspiración para lavar dinero. El proceso se espera que se prolongue por semanas.
El caso también ha destacado el posible papel en estos esfuerzos de figuras políticas de alto perfil. Tal como lo señaló la fiscalía, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, testificó este martes sobre reuniones que mantuvo con Rivera, su excompañero de habitación en el pasado, en el contexto de este presunto esquema de lobby.
El abogado defensor de Rivera, Ed Shohat, dijo a Reuters en una entrevista telefónica que Rivera no tenía que registrarse en virtud de la FARA porque recibía pagos de una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En los documentos judiciales, los abogados de Rivera han argumentado que este trabajaba para ayudar a la oposición venezolana a derrocar a Maduro.
«Los fiscales de este caso están completamente equivocados y lo han entendido al revés», escribieron los abogados de Rivera y de su coacusada, la consultora política Esther Nuhfer, en un escrito judicial hecho público en enero. Nuhfer también se ha declarado inocente.
