Caracas. – La venta de pasaportes venezolanos a narcotraficantes que operaban en México, será una de las fuertes acusaciones que ahora tendrá que enfrentar Nicolás Maduro, en la próxima audiencia, postergada del 17 al 26 de marzo, a la que deberá comparecer en una corte federal en Nueva York.
La información fue revelada por el diario mexicano Reforma, según el cual la Fiscalía estadounidense sostiene que el depuesto dictador, cuando fue ministro de Exteriores de Hugo Chávez (2006 – 2008), vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes que operaban en México y que habrían usado vuelos oficiales desde territorio de ese país para trasladar ingresos por venta de drogas.
Según el escrito de imputación de 25 páginas de la Fiscalía estadounidense al que tuvo acceso Reforma, «Maduro y sus cómplices se aliaron con narcoterroristas del cártel de Sinaloa y los Zetas para distribuir toneladas de cocaína en EE. UU.».
Esta «alianza» no solo involucraba el transporte de cocaína de Venezuela hasta México, sino que también se basaba en una «cultura de corrupción». Las acusaciones hacen señalamientos directamente a Maduro y al actual ilegítimo ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como cabecillas de una trama de tráfico de cocaína desde su país hasta EE. UU. Dicha red pasaba también por México, donde tenía amplias ramificaciones criminales y políticas.
Los fiscales estadounidenses señalan que Los Zetas sobornaban a Diosdado Cabello para organizar el transporte de la droga de Venezuela a México. En tanto, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ahora preso en EE. UU., financiaba las instalaciones de narcolaboratorios en Colombia para luego enviar la producción a EE. UU.
El expediente muestra que el territorio mexicano era un punto de enlace financiero, marítimo y operativo, con participación indirecta de organizaciones locales y redes transnacionales, como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y Los Zetas.
Todos ellos, dice el escrito, trabajaban con el Cartel de los Soles, el cual, describe el texto, opera desde el aparato del Estado venezolano usando estructuras diplomáticas, empresas fachada y protección institucional para mover drogas y dinero.
