Por Russell Coates
Canadá se encuentra en un estado de desorden en medio del Freedom Convoy y las protestas en contra de las restricciones y mandatos gubernamentales en torno a la vacuna.
El gobierno de Justin Trudeau se ha otorgado a sí mismo poderes designados para una crisis nacional, permitiéndole desplegar a los militares, prohibir asociaciones, suspender seguros, apoderarse de los fondos, e incluso dirigir a los trabajadores. Los poderes invocados bajo la Ley de Emergencias (Ley Marcial) tienen implicaciones extremadamente serias – tratando a los manifestantes efectivamente como terroristas domésticos.
Esta crisis ha cambiado de ser una disputa menor en la legitimidad de las políticas de vacunación a una pregunta existencial sobre la legitimidad de la administración Trudeau; ahora estamos viendo a un gobierno que considera apropiado despojar a los ciudadanos de sus derechos por ir en contra de la agenda del estado.
Como una protesta de camioneros se convirtió en un movimiento contra las restricciones por COVID
Antes de las protestas, los camioneros que cruzaban las fronteras estaban exentos de los requerimientos de vacunas para viajar entre Canadá y los Estados Unidos.
Sin embargo, en enero del 2022, estas exenciones para los camioneros expiraron en ambos lados de la frontera. A pesar que el 90% de los camioneros canadienses están vacunados, las políticas gubernamentales aún le prohibían a un número significativo de camioneros trabajar al menos que dieran su consentimiento para una decisión médica que ellos no hubieran escogido por su propia cuenta de otra manera.
Esto parece bizarro, tomando en cuenta que este trabajo no es una profesión que incluye una interacción significativa con otros. Por lo tanto, la política parece ser un descuido administrativo.
Los “Freedom Convoys” luego se formaron a lo largo de Canadá, bloqueando calles y sonando sus bocinas. Este movimiento creció y creció, gradualmente se convirtió en una protesta contra las restricciones del gobierno federal impuestas por el COVID-19 en general.
La primera justificación del gobierno para mantener las restricciones en un miedo que el sistema de salud canadiense colapse. Canadá, y Ontario en particular, sufre de una notoria escasa capacidad sanitaria.
Aún así, la capacidad parece que no se alcanzará en el corto plazo. Con una tasa de vacunación sobre el 80%, muchos canadienses creen que ya han hecho su parte y es momento de seguir.
Es poco honesto pretender que los manifestantes son “terroristas domésticos”
A finales de enero, algunas encuestas sugerían que una mayoría de los canadienses, 54%, estaban a favor de eliminar todas las restricciones por COVID-19.
El principal motivo que está utilizando el gobierno canadiense para justificar sus estrategias de mano dura es el hecho que algunos camioneros han trancado la frontera, la cual representa $1.7 billones de bienes y servicios entre Canadá y los Estados Unidos. Se estima que los bloqueos han ocasionados pérdidas diarias de $1 billón.
Pero la base lógica no está ni aquí ni allá; todos los gobiernos autoritarios necesitan una.
Independientemente de los asuntos alrededor de algunas tácticas del Freedom Convoy, la naturaleza del gobierno de Trudeau es profundamente preocupante para alguien que valora la libertad y el debido proceso.
Cuando las personas son presionadas por las restricciones gubernamentales por más de dos años, la frustración generalizada se puede esperar. Aún así, la respuesta hacia el Freedom Convoy ha expuesto el doble estándar del status-quo político que ha sido el catalizador para muchos movimientos de la política moderna.
Por ejemplo, cuando se manifestaron contra la construcción de nuevos oleoductos, o en el caso de los movimientos de Ocupación, muchos izquierdistas han catalogados sus estrategias disruptivas como legítimas. Lo mismo aplica a la derecha, mira como los conservadores de la ley y el orden ven las agitaciones de la izquierda.
¿Podemos imaginar a Trudeau respondiendo de la misma manera contra un bloqueo económico de la izquierda, dada su simpatía pública?
No, esto es menos de las acciones de unos camioneros en específico, y mas de un gobierno actuando fuera de línea porque los manifestantes están del lado equivocado de su agenda.
La respuesta del gobierno canadiense a la protesta es inaceptable
La implicación que los manifestantes asociados al Freedom Convoy son terroristas domésticos sería cómica si no fuera seria. Mientras algunos malos actores indudablemente han actuado mal, la mayoría de los presentes son personas con motivos legítimos para estar frustrados.
La campaña autoritaria de Canadá en contra de los manifestantes no es algo que se debería ver en una sociedad libre. Con su deprecio a derogar los mandatos, los cuales son absurdos y autoritarios desde cualquier punto de vista, Trudeau ha optado por un estado policial. Esto es un ejemplo llamativo de los peligros que representan los gobiernos con poderes de emergencia.
La administración de Trudeau está actualmente congelando las cuentas bancarias de aquellos asociados con los manifestantes, sin el debido proceso. Esto representa un acontecimiento impactante sin precedentes en la historia canadiense. Además, el hecho que esta acción sea implementada en respuesta a una causa a la cual el Primer Ministro de opone de manera férrea solo resalta la inconsistencia.
Fundamentalmente, los gobiernos no son los dueños de sus países, la gente sí, y están en su derecho de protestar las decisiones gubernamentales, independientemente de sus políticas o causas.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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