Gobierno estadounidense pidió a la corte garantizar la inmunidad de Delcy Rodríguez ante una demanda en Florida

Caracas. – El Gobierno del presidente Donald Trump pidió a una corte de EE.UU. que garantice la inmunidad de la encargada del narcorégimen interino, Delcy Rodríguez, ante una demanda civil presentada contra la líder chavista en Florida.

La solicitud, presentada esta semana por el Departamento de Justicia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, sigue a una determinación formal del Departamento de Estado según la cual Rodríguez tiene derecho a la inmunidad como jefa de Estado, luego de que EE. UU. reconociera a su gobierno a principios de este año.

“El Departamento de Estado reconoce y permite la inmunidad de la presidenta Rodríguez como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los EE. UU. en este caso”, indicó el asesor jurídico Reed Rubinstein en una carta enviada el 11 de julio al fiscal general adjunto de EE. UU., Brett Shumate.

El asesor recordó que el Departamento de Estado reconoce desde marzo a Rodríguez como jefa de Estado, cargo que asumió tras la captura del genocida dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Por ello, solicita al Departamento de Justicia que “presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad”.

Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo. El pasado 15 de julio, tras la carta enviada por el Departamento de Estado, el juez ordenó una indemnización de USD$ 314 en este caso, aunque Rodríguez fue excluida del fallo, que sí afecta a Maduro y a otros cargos chavistas.

El Gobierno de Trump pidió en la carta a la fiscalía que tome nota de «la especial importancia» que tiene para EE. UU. que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas «las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo».

No obstante, el gobierno federal busca archivar el proceso judicial de forma temporal mientras la funcionaria ejerza el poder, manteniendo la opción de reabrir el caso cuando concluya su gestión.