Caracas. – El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aseguró este martes en un informe judicial, haber «investigado cuidadosamente» a los más de 260 migrantes venezolanos ilegales enviados a una prisión en El Salvador, para garantizar que efectivamente fueran miembros de la organización terrorista «Tren de Aragua».
En este informe, el director interino de la oficina de campo de Operaciones de Detención y Deportación del ICE, Robert Cerna, detalló que la agencia empleó diversas técnicas de investigación y verificación de información para determinar la afiliación de los deportados a la organización criminal.
Según Cerna, la agencia no se basó únicamente en publicaciones en redes sociales, fotografías del extranjero mostrando gestos con las manos relacionados con pandillas o tatuajes, sino que utilizó múltiples métodos para tomar decisiones.
“Los miembros del ‘Tren de Aragua’ representan una amenaza extraordinaria para el público estadounidense. Participan en actividades ilícitas para infundir miedo y supremacía en los barrios y entre la población en general”, afirma el documento.
Cerna señaló que muchos de ellos no tenían antecedentes penales en Estados Unidos, pero alegó que esto se debía a su breve permanencia en el país. El Gobierno no ha identificado a las personas expulsadas.
Esta deportación ha generado polémica en el país, ya que muchas familias temen que hayan sido enviados a una prisión, jóvenes venezolanos que, si bien se encontraban ilegales en Estados Unidos, no eran en realidad delincuentes y no formaban parte de esa organización criminal.
Una mujer venezolana aseguró a varios medios, haber podido identificar a su hijo entre los deportados hacia El Salvador, identificado como Javier García Cacique, sobre quien dijo se trata de un joven que trabaja como barbero, y nunca estuvo vinculado al «Tren de Aragua».
El hecho, es que más de la mitad de los 261 migrantes expulsados fueron procesados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que permite la deportación de individuos considerados una amenaza para la seguridad nacional.
La medida ha generado fuertes reacciones, con pedidos urgentes a las autoridades estadounidenses, para que discriminen bien quién es un simple migrante ilegal, y quién es en realidad un criminal.