Caracas. – Jorge Rodríguez, jefe del parlamento ilegítimo chavista, admitió este pasado fin de semana que en el país existen hasta 11 mil rehenes políticos que podrían ser beneficiados con la llamada ley de amnistía.
En una rueda de prensa, el jerarca chavista reconoció que el beneficio de la ley de amnistía se extiende a un universo de más de 11.000 ciudadanos, que actualmente cumplen medidas cautelares, tales como regímenes de presentación ante tribunales o arresto domiciliario.
Para este grupo, los parlamentarios chavistas que siguen el desarrollo de la citada ley, es el levantamiento inmediato de las restricciones para, presuntamente, otorgarles la «libertad plena».
Asegura que se trata de una decisión “unilateral” por parte de la administración chavista, que incluye en la medida tanto a venezolanos como algunos extranjeros. Si bien, todavía se desconoce la identidad de los presuntos excarcelados.
“Tenemos y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia medidas sustitutivas de la privación de libertad”, prometió Rodríguez.
Igualmente, detalló que hasta el viernes se habían recibido 405 solicitudes de presos políticos y que posteriormente ingresaron 1.152 nuevas solicitudes, para un total de 1.557 casos que, dijo, “se están atendiendo de inmediato”.
Aunque apenas se han confirmado 54 excarcelaciones desde el 8 de enero hasta la fecha en Venezuela, el parlamentario chavista e ilegítimo afirmó que, supuestamente, “ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía”.
También, días antes el parlamentario chavista admitió que el operativo de captura de Nicolás Maduro, acusado de narco-terrorismo en EE. UU., obligó al narcorégimen a cambiar su postura sobre los presos políticos.
«Lamento que hayan tenido que darse hechos tan terribles y catastróficos», dijo el pasado jueves antes de la aprobación de la Ley de Amnistía.
Cabe señalar que este proceso de amnistía masiva surge como una respuesta política obligada tras el drástico cambio en el tablero nacional, desencadenado por el operativo militar estadounidense que terminó con el arresto de Nicolás Maduro la madrugada del pasado 3 de enero.
En este nuevo contexto, la Ley de Amnistía se presenta como la herramienta principal del chavismo para intentar estabilizar la crisis institucional, aunque las organizaciones de Derechos Humanos mantienen la lupa sobre la celeridad y la transparencia con la que el Comité de Seguimiento procesará, los casos de los cientos de venezolanos que aún permanecen en centros de reclusión.