Por: Julián Ramírez
Álvaro Gómez Hurtado, con su proverbial lucidez, diagnosticó que en Colombia los conservadores superan con creces al Partido Conservador. Es hora de completar su aguda observación con una verdad incómoda que la clase política, en su hipocresía estructural, se empeña en ocultar: la mal llamada “derecha” colombiana es, en su praxis real, una izquierda economicista vestida de seda y corbata. Mientras esgrimen con devoción retórica las frases sacramentales del libre mercado, han edificado y defendido con uñas y dientes un capitalismo de compadres, un sistema diseñado no para fomentar la competencia, sino para proteger los intereses de una poderosa minoría empresarial privilegiada.
Es un engaño de grandes dimensiones pretender que en este suelo haya florecido alguna vez una derecha liberal auténtica. El verdadero liberalismo económico —aquel que cree en la competencia abierta, la destrucción creativa y en un Estado árbitro imparcial, no jugador interesado— es un fantasma ausente en nuestro debate público: un espectro al que se invoca en los discursos, pero se exorciza en los hechos. Lo que ha predominado, y lo sigue haciendo, es un modelo mercantilista decimonónico en el que el Estado no es rival de los oligopolios; es, en realidad, su arquitecto principal y su guardián más celoso. La supuesta “protección de la industria nacional” nunca fue más que la patente de corso para crear monopolios privados y públicos que hoy estrangulan la innovación, encarecen la vida y limitan las oportunidades. Y la ironía más trágica es que la izquierda contemporánea, en lugar de proponer la libertad económica que tanto invoca en su retórica antioligárquica, lo que busca es controlar esos mismos monopolios. Ambos bandos, en el fondo, comparten una fe dogmática en el Estado como gran repartidor de favores y controlador omnipresente de la vida económica: son dos caras de la misma moneda estatista.
Esto no es teoría económica abstracta; es la experiencia cotidiana que sofoca a los colombianos. Los ejemplos no son anomalías del sistema; son su regla de oro, la columna vertebral misma de ese orden perverso.
Mientras se corea la soberanía energética, el Estado se aferra con puño de hierro al sector de los hidrocarburos. Ecopetrol, un gigante que actúa como juez y parte, ahoga la inversión competitiva y perpetúa un modelo extractivista único. Esta farsa se extiende a la política de precios de combustibles: se le vende al ciudadano el “subsidio” a la gasolina como un favor magnánimo del gobierno, ocultando cuidadosamente que los impuestos pueden representar hasta el 40% del precio final. Es el colmo del cinema estatista: el Estado carga el combustible con una tributación grotesca, asfixiando la productividad nacional, y luego se presenta como el salvador que mitiga el problema que él mismo creó.
Es un hecho verificado y cotidiano. Las prácticas de exclusividad de empresas como Postobón y Coca-Cola impiden que un tendero, so pena de perder estantes, refrigeradores y hasta el local, venda una gaseosa de una marca distinta. Esto no es libre mercado: es un cártel legalizado que el Estado, por acción u omisión, avala y consiente. El consumidor no elige: obedece la oferta dictada.
Es quizá el ejemplo más cínico y medieval. Es ilegal que un empresario innovador cree una marca de licores para competir con la fábrica del gobernador de turno. Es ilegal que un ciudadano compre el aguardiente de otra región, como si las fronteras departamentales fueran aduanas de reinos de taifas. Esto no es “defensa de los ingresos territoriales”: es la consagración legal del feudalismo comercial.
En un alarde de populismo regulatorio que pretende proteger, el Estado fija una tasa máxima de usura. Lejos de ser un escudo para el ciudadano, este control sitúa a la banca en el límite máximo permitido para no incurrir en sanciones penales, eliminando cualquier incentivo para competir ofreciendo tasas más bajas. Suprimida esta camisa de fuerza, los bancos se verían forzados a una competencia genuina por el bolsillo del consumidor, dinamizando masivamente el crédito productivo y de consumo. Esta tasa sí afecta directamente al “pueblo”, encareciendo el acceso al capital, a diferencia de las tasas del Banco de la República, un indicador macro lejano que la gente nunca percibe en su día a día pero que siente en el pellejo al solicitar un préstamo.
La prueba irrefutable de esta farsa de una derecha izquierdizada tiene un nombre propio: Álvaro Uribe Vélez, el ícono de esa mal entendida “derecha” colombiana. Como lo documenta fríamente el Cato Institute de Washington, D. C., su gobierno fue un festival de estatismo. Fortaleció a Ecopetrol, no la privatizó; mantuvo los aranceles proteccionistas y no desmontó un ápice de la arquitectura monopolista del país. El uribismo no es liberal: es la perfecta encarnación de una plutocracia que busca favores del Estado en lugar de ganar clientes en el mercado. Es, para ser claros y polémicos, la derecha colectivista.
En este punto, la lúcida y mordaz sentencia de Nicolás Gómez Dávila ilumina el corazón de nuestra paradoja: “El izquierdista no es el que quiere quitarle al burgués su riqueza, sino el que quiere vivir como el burgués, pero sin su esfuerzo”. Esta frase desnuda la esencia. La mal entendida “derecha” colombiana no anhela un mercado libre donde cualquiera pueda, con su esfuerzo, competir y ascender; quiere un Estado que le garantice su posición burguesa mediante oligopolios, aranceles y protecciones. Y la izquierda, a su vez, no ansía una sociedad de hombres libres; ansía capturar ese mismo Estado para redistribuir sus privilegios entre una nueva clase burguesa burocrática, sin necesidad de innovar, arriesgar o competir. Ambos, en el sentido más profundo de Gómez Dávila, son izquierdistas: aspiran a la riqueza o al control, pero huyen del riesgo real y purificador de la competencia abierta.
Imaginar una Colombia liberal no es un sueño utópico; es simplemente recordar el futuro de progreso y oportunidades que nos han robado décadas de este consenso estatista. En esa Colombia posible:
El veredicto es brutalmente simple y políticamente incorrecto: Colombia no está atrapada en una pugna entre derecha e izquierda; está secuestrada por dos variantes del mismo colectivismo que se turnan el poder en un baile de máscaras. Una, la de la “derecha”, usa la retórica del mercado para blindar sus privilegios. Otra, la de la izquierda, usa la retórica social para anhelar el control total. Mientras no exijamos con vigor una auténtica libertad económica —no de discurso, sino de hechos— seguiremos condenados a elegir, elección tras elección, entre los dueños de hoy y los aspirantes a ser los nuevos dueños de mañana. El pueblo, como siempre, paga la cuenta de un engaño monumental.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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