Caracas. – Condenas de ocho a 12 años, multas exageradas a medios de comunicación y prohibición de conformar organizaciones o convocar reuniones, son algunas de las sanciones contempladas en la Ley contra el Fascismo, que la ilegítima Asamblea Nacional chavista aprobó este pasado martes en primera discusión.
El anteproyecto fue presentado por la corrupta vicepresidente del narcorégimen, Delcy Rodríguez, quien explicó que esta propuesta surgió para complementar la Ley contra el Odio aprobada en 2017, y atender las “expresiones y acciones” de partidos y organizaciones que en los últimos 25 años han actuado con “tilde fascista”, dijo.
Al respecto, dijo que en esta nueva ley «se consagran un conjunto de sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, creando especies penales muy especiales y para esta materia y creando e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas».
Cabe señalar que, aunque Rodríguez no lo especificó, dijo que el proyecto contempla un capítulo especial para las redes sociales.
El documento incluye cuatro capítulos y 30 artículos, y establece «medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista».
No obstante, según señalaron varios portales informativos que tuvieron acceso al contenido, entre otras cosas, el artículo 22 de la ley señala que «toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos, será sancionada con prisión de ocho a doce años y una inhabilitación política por el tiempo de la condena».
También, contempla la disolución de organizaciones privadas, sociales o con fines políticos que hagan apología o se fundamente en el fascismo. Además, se prohíben las reuniones o manifestaciones, así como «organizaciones políticas» donde se considere que existe una «apología» al fascismo.
Igualmente, plantea multas a los medios por la cantidad bolívares equivalente a entre 50.000 y 100.000 veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), equivalentes hasta 100.000 dólares.
Estas multas serán aplicables a medios electrónicos o impresos, mientras que a las emisoras o canales se les prohibirá la “transmisión de mensajes prohibidos”, cuya violación será penada con la revocación de la autorización de transmisión.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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